Si alguna ciudad conoce de precipicios y resurrecciones es Medellín. En cada crisis, su gente aparece para meter el hombro y volver pronto a la superficie. En el momento más oscuro de su historia, en los 90, la ciudadanía, las organizaciones civiles, los empresarios y el sector público y social se unieron y rescataron a la ciudad que después fue caso de estudio en el mundo con el bautizado ‘Milagro Medellín’.
Ese mismo empeño, ese amor propio de la gente por su ciudad, reapareció en estos últimos cuatro años para plantarle cara al poder y denunciar, con pruebas y documentos, las arbitrariedades y manejos oscuros en la Alcaldía.
Fue un grito que se fue despertando de forma paulatina y en el que coincidieron sectores políticos de todas las orillas, veedurías, organizaciones civiles, abogados, ingenieros, contadores y hasta tuiteros. Por eso, por mucho, la ciudadanía de Medellín se lleva el premio al personaje del año.
Y es que esas crisis sucesivas de la ciudad en el último medio siglo han tenido varios factores que se repiten con diferentes protagonistas. La hecatombe de los 80 y 90 se explica y se ve clara —como el huevo de la serpiente— después del declive que se acentuó en los 60 tras un descontrolado crecimiento demográfico, barrios de invasión, marginalidad y desempleo, pero también por el fraccionamiento de las élites y la pérdida de un proyecto colectivo. Cada fractura del tejido social e institucional posterior ha revivido los temores de una nueva tormenta.
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Entonces llegó Daniel Quintero. Los meses como alcalde electo y las primeras semanas en propiedad lo mostraron conciliador, hasta armó un diagnóstico detallado en su plan de desarrollo y sumó todas las voces posibles de la sociedad: empresariado, academia, veedurías, otras orillas políticas, minorías. Sin embargo, rápido esa imagen se diluyó en medio de salidas en falso en las que comenzó a casar peleas, a intentar consolidar narrativas y a emprender una campaña de desprestigio contra empresarios, académicos y opositores. Hubo una fractura y en adelante lo que siguió fue una confrontación continua con la ciudadanía. Solo hubo tiempo para los tropeles; los problemas estructurales de la ciudad y su gente quedaron marginados.
El doctor en Filosofía y columnista Jorge Giraldo Ramírez lo advertía en una columna en EL COLOMBIANO en diciembre de 2021 titulada Al garete: “La ciudad extravió su rumbo estratégico desde antes de Quintero, hay que decirlo, y lo único que interesa en La Alpujarra es la nómina, los contratos, las comisiones y el músculo electoral. Los negociantes ilegales y rentistas están haciendo su agosto, y no lo disimulan. El empresariado moderno se dejó enredar en las peleas de los políticos, se fragmentó y no renovó sus liderazgos. Las organizaciones sociales están dedicadas principalmente a la subsistencia, mientras las voces cívicas están dispersas (...) De esta salimos, digo. Para ello se necesita más valor, mejores ideas, y más acuerdos que permitan reconstruir la ciudad con criterios de equidad, sostenibilidad y libertad”.
Esa columna parecía una premonición porque en el segundo tiempo de este gobierno, en los últimos dos años, esas voces dispersas, esas organizaciones sociales fragmentadas aparecieron al frente como cada tanto ocurre cuando Medellín camina cerca del abismo. Se despertó un espíritu cívico, vigilante de la plata pública, dolido por lo que estaba pasando, y empezaron las denuncias con valentía de un sinfín de presuntos actos de corrupción en todos los órdenes de la Alcaldía.
Piedad Restrepo, vocera de la veeduría Todos por Medellín, que justo nació en agosto de 2020 como una asociación sin ánimo de lucro constituida por 38 miembros, entre personas naturales y organizaciones, cuenta que la respuesta al montón de quejas y denuncias que empezaron a surgir entre los mismos servidores fue crear una organización que permitiera hacer un control social a la gestión pública: “La ciudad cada vez es más consciente de la necesidad de tener contrapesos fuertes, porque quien ejerce la alcaldía, llámese cómo se llame, tiene un gran poder para nombrar directores, gerentes y secretarios y manejar billones y billones en contratación anual”.
Gracias a ese ejercicio de veedurías y ciudadanos, presuntos casos de corrupción llegaron a etapas de indagación, imputación y hasta acusación en la Fiscalía, también se abrieron procesos paralelos en la Procuraduría, la Contraloría y la Personería, que aparecieron luego de la cascada de expedientes que empezaron a publicarse en redes sociales y medios de comunicación.
Dice el exalcalde y escritor Alonso Salazar que el papel ciudadano fue definitivo porque, junto a algunos concejales y diputados —con Alfredo Ramos, Daniel Duque y Luis Peláez a la cabeza—, permitió que la opinión pública se enterara de la “calamidad corrupta que se instaló bajo la administración Quintero. Los grandes ausentes del control fueron los partidos políticos de izquierda y derecha que estaban ligados por contratos y clientelismo. Con Quintero, además de la corrupción, se produjo un enorme deterioro institucional”.
Uno de esos personajes ciudadanos que emergió desde las redes como denunciante de muchas irregularidades en la Alcaldía fue la abogada tributarista Gloria Patricia Jaramillo, conocida en Twitter (ahora X) como Tyche. Fue ella quien publicó las denuncias de Telemedellín y los medios fake con los que contrataba, puso en la palestra la historia patrimonial del círculo personal del exalcalde Quintero, los contratos de la Universidad Nacional y destapó los escandalosos gastos de la ‘caja mejor’ de la Alcaldía y sus suntuosas compras.
“Lo que entendimos como ciudadanía es que se tiene el poder, en eso hemos despertado. El denunciar, el replicar, el levantar la mano para poner el dedo en la llaga hace que los órganos de control no puedan seguir callados porque si la ciudadanía está gritando es porque algo no están haciendo bien”, dice, y añade: “Cualquier persona que en verdad quiera la ciudad debe seguir dando a conocer este tipo de cosas sin importar la administración que esté. El control debe continuar, no es una persona, es la forma de administrar”.
Para el analista político Fredy Chaverra, la ciudadanía llegó en estos años a un nivel de organización y de incidencia muy relevante, con la legitimación de las veedurías que pusieron en la agenda temas sensibles que se escapaban al control deficiente del Concejo. “Esta administración sacudió a una ciudadanía que se vuelve activa y posiciona el control ciudadano. Se articularon con el sector privado y esa agenda trascendió en hechos concretos en el debate”, anota.
Chaverra considera que esas organizaciones sociales, legitimadas durante este gobierno, asumen una responsabilidad futura para que no se crea que era control específico a este gobierno, sino que tenían preocupación por las finanzas de la ciudad y por un ejercicio de gobernanza transparente. “Deben honrar esa legitimidad que construyeron ante una ciudadanía que acompañó esos espacios de monitoreo y control. Se les va exigir que lo sigan haciendo, porque sino se va a empezar a erosionar la credibilidad que construyeron”, apunta.
Lejos de ser este un relato de éxito con final feliz, la superficie aún parece lejana para una Medellín que, según el gobierno entrante, tendrá un hueco de más de $3 billones en su presupuesto, y que arrancará el 2024 con deterioro de sus indicadores sociales, con el hambre disparada y con la desconfianza en la institucionalidad en uno de sus puntos más altos. La tarea está a medio hacer, la historia demuestra cada tanto que cuando los ojos no están atentos, la ciudad vuelve a estar más cerca de precipicios que de resurrecciones.
