Consternación e indignación causaron las denuncias por graves hechos de abuso sexual que se presentaron en contra de estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, dentro de las mismas instalaciones, entre el viernes 10 de noviembre y la madrugada del sábado 11.
Aunque aún no se han entregado detalles oficiales de lo sucedido, este caso ya fue conocido por las autoridades y la institución universitaria canceló, por esta causa, todas las actividades programadas para la llamada “Semana Poli”, que incluía distintos eventos académicos, culturales y lúdicos en las distintas sedes. Justamente, en una de las actividades de esta celebración se habrían producido los hechos.
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En un comunicado, la institución de educación superior informó que también fue activado el Código Fucsia, requerido para proteger los derechos de las víctimas en este tipo de hechos y garantizar la adecuada atención en las rutas existentes.
Otras versiones que se han conocido a través de redes sociales dan cuenta de que la violencia sexual en contra de por lo menos dos estudiantes habría sido cometida por personas que también pertenecen a la institución, aunque sobre esto no se ha entregado una información oficial.
Lo cierto es que se generó una ola de indignación por la poca seguridad que tienen las mujeres en los espacios que frecuentan, incluidas las instituciones educativas.
“Es increíble que ninguna de nuestras compañeras, amigas, integrantes, hermanas y madres puedan estar seguras en nuestra alma mater, en nuestras aulas, nuestros pasillos o nuestras fiestas”, indicaron en un comunicado miembros de un colectivo estudiantil del Politécnico JIC.
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El caso también está en manos del Comité de Violencia Basada en Género y la Mesa de Género de la universidad, que se han encargado de buscar la atención adecuada para las víctimas de estos hechos, también en conocimiento de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia que, aunque no tiene competencia territorial en la institución educativa, sí ha acompañado procesos de sensibilización y formación sobre prevención de violencias basadas en género.
El colectivo estudiantil de la institución también tiene planeada una asamblea extraordinaria, el próximo martes 14 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, en el bloque P40, el mismo en el que se habrían presentado los casos de abuso sexual.
“La indignación que sentimos y mostramos no se puede quedar solo en redes. Compañeras y compañeros, los invitamos a que esa indignación la demostremos en la asamblea”, manifestaron desde el colectivo.
Por lo pronto, los directivos del Poli también rechazaron el hecho en el comunicado. “Rechazamos enfáticamente cualquier tipo de agresión a la dignidad de los seres humanos, en este caso la de las mujeres, y ratificamos nuestro compromiso incondicionado con la defensa de los derechos humanos”, dijeron.
Recuerde que si es víctima de cualquier violencia de género o es testigo de que una mujer la está sufriendo, hay distintos mecanismos para denunciar, incluso anónimos. El llamado de las autoridades es a no esperar, pues en estos casos la violencia escala y puede terminar con hechos como un feminicidio.
Además de la línea 123 Agencia Mujer de la Alcaldía de Medellín, existe la 123 Mujer Metropolitana para los demás municipios del Valle de Aburrá y de Antioquia, líneas que funcionan las 24 horas del día y cuentan con personal especializado que puede atender y activar rutas para estos casos.
Acompañamiento a las universidades
La Secretaría de las Mujeres de Antioquia informó que hasta la fecha ha acompañado a siete universidades en la revisión y construcción de los protocolos de atención de las violencias basadas en género, entre las que se encuentran el Politécnico JIC, la UPB, la Universidad Católica Luis Amigó, la Universidad de Antioquia, Eafit, Uniminuto y la IU Digital de Antioquia.
Lo que se busca es acompañar y consolidar estrategias de prevención; detección; atención inicial, integral y restaurativa para las mujeres de sus comunidades educativas.
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“Nuestra misión principal es el fortalecimiento de las capacidades de los actores en los municipios. Sin embargo, en el caso de las instituciones de educación superior, ellas han acudido a la Secretaría, algunas como parte de sus objetivos y otras en momentos en los que han requerido apoyo para la construcción y revisión de protocolos o acompañamiento en la activación de rutas”, explicaron desde la dependencia.
Cuando las víctimas acuden a la Secretaría, el equipo activa rutas, ofrece asesorías, hace seguimiento del caso y apoya la superación de barreras institucionales para acceder a la justicia, lo que implica la articulación con entidades de protección, justicia y el ministerio público.
“Es importante mencionar que mediante el Decreto 4798 de 2011, reglamentario de la Ley 1257 de 2008, se determinaron obligaciones del sector educativo en el marco de sus competencias, entre ellas la de orientar y garantizar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de violencias basadas en género una atención integral y el restablecimiento de sus derechos. En ese sentido, seguimos insistiendo y procurando que cada vez más instituciones tengan herramientas para lograrlo, adicionalmente el Ministerio de Educación ha dado los lineamientos para la construcción de los protocolos por eso hacemos un llamado a su incorporación”, puntualizaron desde la Secretaría.
