20 días después de que la Agencia APP dijera en el Concejo de Medellín que pondría en pausa la puesta en marcha la construcción de la cárcel para sindicados en San Cristóbal, desde la Agencia ahora afirman que ya el proyecto seguirá su cronograma normal después de que se adjudique el contrato de interventoría el próximo 13 de marzo.
“Cumpliendo con el cronograma propuesto desde la Agencia APP para la adjudicación del contrato de interventoría para construir la Cárcel Metropolitana para Sindicados, el próximo miércoles 13 de marzo se conocerá el nombre de la firma. La interventoría se proyecta a 5 años y 10 meses, y tendrá un valor de más de $13.315 millones”, anunciaron desde la administración.
Hay que recordar que esta millonaria obra cuesta $675.013 millones y la ciudad deberá pagarla durante los próximos 12 años a través de vigencias futuras. A pesar de las quejas de los habitantes de San Cristóbal y de algunos concejales en ese momento, la administración de Daniel Quintero firmó el acta de inicio del proyecto apenas un par de semanas antes de dejar La Alpujarra.
Un dato importantes es que el 19 de diciembre de 2023, la anterior administración de la APP y el contratista, la firma mexicana Prodemex, firmaron un otrosí para modificar las cláusulas del contrato que permitían iniciar obras sin tener una interventoría. La nueva administración revisó el contrato para que, de común acuerdo con el contratista, se contara con un proceso de interventoría como se requiere.
“Por tratarse de un contrato avaluado inicialmente en $675.013 millones para la construcción de la cárcel, es importante contar con la interventoría como lo estipula la ley, para garantizar la transparencia durante la ejecución del mismo. Nos sentimos muy satisfechos de haber adelantado este proceso en el que se presentaron tres oferentes, lo que da tranquilidad a la entidad y a la ciudadanía”, explicó el director general de la Agencia APP, German Schäfer Elejalde.
Prodemex, el único oferente que se presentó para construir la cárcel, que es una respuesta a una orden de la Corte Constitucional que busca mejorar las condiciones de la población sindicada en Antioquia que vive en terribles condiciones de hacinamiento, viene de afrontar un escándalo en México (de dónde es originaria) por su participación en una serie de contratos que habrían desfalcado las arcas públicas de ese país.
En un caso que fue denunciando a comienzos de 2021 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que aseguró que con “contratos leoninos” el estado mexicano estaría costeando un lucrativo negocio en que la reclusión de su población carcelaria estaba siendo cobrada a precios de un “hotel cinco estrellas”, Prodemex fue uno de los privados que tuvo que sentarse a renegociar esos polémicos contratos.
