La Procuraduría General de la Nación anunció en la mañana de este lunes que le abrirá una investigación disciplinaria al exsecretario privado de la Alcaldía de Medellín, Juan David Duque García, por las presuntas irregularidades encontradas en el manejo de los fondos fijos de la Administración Distrital, aduciendo que él los habría usado para su propio beneficio y para el de otros funcionarios, como por ejemplo la exgestora social Diana Osorio y el mismo exalcalde Daniel Quintero.
“La entidad determinó que, al parecer el exfuncionario, en su condición de secretario privado del despacho de la Alcaldía de Medellín se apropió indebidamente y en beneficio de terceros, de bienes destinados a satisfacer gastos necesarios, imprevistos y urgentes de la administración distrital de Medellín”, indicó la Procuraduría en el pronunciamiento.
Este escándalo estalló a mediados de agosto del año pasado, cuando a través de la cuenta de X de la abogada Gloria Jaramillo (@Tyche78Tyche) se dieron a conocer facturas de este fondo que habrían sido destinados para gastos de alimentación en restaurantes del propio Duque y del exalcalde y su compañera sentimental, en muchas ocasiones, sin encontrarse realizando ninguna actividad de la administración.
“En el Concejo se destapó el pasado mes de agosto después de que se conocieran cientos de facturas que probarían que, con la plata de ese fondo, $23.200.000 mensuales, el exalcalde Qu¡ntero, su esposa Diana Osorio, y su círculo más íntimo gastaban en restaurantes de lujo, trago, panaderias y flores. Todo con dinero de los medellinenses”, se señala en el documento.
Se estima que el detrimento patrimonial de este fondo fijo, que estaba bajo el cuidado del exsecretario Duque García, se estimaría en al menos 117 millones de pesos, los cuales se habrían destinado para la compra de buñuelos, comidas rápidas y gastos en cigarrerías, panaderías, supermercados, verdulerías y restaurantes de lujo.
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Entre los apartes del documento donde se formula el proceso de investigación disciplinaria contra el exsecretario privado se indica que aparecen compras en la cadena de restaurantes Los Perritos, una por $145.000 y otra por $256.000, en un establecimiento que los productos más costosos a duras penas se rondan a los $20.000.
También reposan en el expediente facturas en establecimientos de empanadas, buñuelos y pastelería como Mi Buñuelo, Cocorolló y La Miguería por costo de $43.000, $105.000 y $70.000, respectivamente.
Lo que más llamó la atención del ente de control es que se presentaron consumos en establecimientos exclusivos como el restaurante de alta cocina Okus, donde “los contribuyentes costearon una cena de $717.035 para los funcionarios del piso 12 de La Alpujarra”.
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Además, reza el documento en cuestión que “las arcas públicas también costearon una comida en Osaka Cocina Nikkei, por $1.719.414, así como múltiples compras en San Carbón, entre otros restaurantes”.
Según indica el auto de la Procuraduría: “A través del medio comunicación ‘EI Colombiano’ el despacho tuvo conocimiento de conductas disciplinariamente relevantes en las cuales al parecer incurrió el señor Juan David Duque García en su calidad de secretario privado del despacho de la Alcaldía de Medellín”.
Por esta razón, el Concejo de Medellín lo declaró insubsistente mediante una votación realizada el pasado 20 de noviembre, con 15 votos a favor de retirarlo del cargo y seis que no votaron por esta decisión, luego de que Duque García se negara a asistir a 18 citaciones de la corporación para rendir explicaciones del destino de los recursos del fondo fijo.
Para la Procuraduría esta conducta es catalogada como gravísima, además de que estos hechos están tipificados dentro de la ley penal como Peculado por apropiación, argumentando que “los fondos fijos de la caja menor del despacho del alcalde de Medellín, se deben utilizar para atender gastos que tienen las características de necesarios, imprevistos y urgentes”.
Además de iniciar el proceso disciplinario contra Duque, este organismo solicitó la hoja de vida del exsecretario para conocer los cargos desempeñados entre 2020 y 2023, además de sus funciones, salarios y sus números de contacto. Además, se le pide al Concejo de Medellín adjuntar las evidencias de las citaciones que se le hicieron al exfuncionario y el porqué no entregó la información solicitada sobre este tema.