Suena extraño que una empresa se tenga que afanar por neutralizar el daño que le puedan hacer sus propios dueños, en lugar de estar dedicada en exclusiva a los negocios, pero es lo que está ocurriendo actualmente en EPM. Un equipo de expertos adscritos a la empresa de servicios públicos trabaja con funcionarios de la Alcaldía y con concejales en la redacción de un proyecto de Acuerdo que blinde a la organización frente a la posibilidad de que a futuro los alcaldes tomen decisiones que afecten a la organización.
Lo definitivo acá es que la actual administración considera que hubo muchas determinaciones de su antecesor, Daniel Quintero, que pusieron en riesgo la estabilidad de EPM y la intención es que esto no vuelva a ocurrir.
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El blindaje consiste en volver obligatorio el cumplimiento de algunas restricciones al poder que los mandatarios distritales tienen para el manejo del principal activo económico que posee la ciudad. Por ejemplo, en la actualidad es potestativo del alcalde la elección del gerente de EPM y de ocho miembros de la junta directiva, y ello llevó a que en la alcaldía pasada la holding empresarial paisa tuviera dos juntas y tres cabezas en el mismo periodo, pero además, a que se desataran cambios organizacionales y manejos contractuales cuestionados.
La compra de Afinia, la empresa de servicios públicos que abastece de electricidad a parte de la Costa Caribe, es uno de esos malos negocios que habría obedecido al manejo caprichoso de Quintero y negociados con el Gobierno Nacional, pues existen versiones de que este aceptó encargarse de una misión que a todas luces ofrecía más riesgos que beneficios a cambio de que el presidente de entonces, Iván Duque, le aprobara el Metro de la 80. Hoy día habría pérdidas billonarias por cuenta de ese paso en falso.
“Hasta ahora, para ser nombrado gerente de EPM basta con que sea amigo del alcalde, y de lo que se trata es de ponerles algunas restricciones que sin violar la ley hagan que el alcalde se someta a ciertos requisitos de meritocracia, experiencia y reconocimiento de las personas que va a designar, nombrar”, le explicó a EL COLOMBIANO una fuente cercana a la redacción del proyecto.
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“Cuando estaba el Convenio Marco se procuraba que en la junta hubiera gente con muy buena experiencia en servicios públicos, en temas empresariales, abogados, y así, y eso es lo que se tratará de incorporar”, puntualizó la fuente. Por otra parte, se trata de revivir algunas buenas prácticas de gobierno corporativo que estaban incluidas en el Convenio Marco de EPM. Estos principios, que coinciden con algunas recomendaciones de la Ocde (una organización de países desarrollados que funciona como una especie de “club” de buenas prácticas) para el manejo de entidades estatales fueron instaurados desde el periodo de Sergio Fajardo en la alcaldía de Medellín (2004 a 2007) como un gesto voluntario de transparencia, y luego los respetaron las distintas administraciones, hasta la llegada de Quintero. Fue una especie de antídoto contra cualquier tentación de intervencionismo inadecuado.
La intención es que esas “buenas prácticas” se metan en los estatutos de EPM para que ya no sean de aplicación discrecional sino obligatoria. La principal de esas directrices es que la intervención del alcalde en los asuntos de la empresa se dé exclusivamente a través de la junta, a diferencia de lo que ocurrió con Quintero, que hizo un manejo autocrático de temas como la adquisición de Afinia y habría conversado por su cuenta para una compra cuestionada de gas que finalmente se malogró con Canacol, sin pasar por la asamblea.
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En principio, los cambios que se propondrán no afectarían al alcalde Gutiérrez, pues los cargos directivos a estas alturas del paseo ya están llenos, a menos que se produzca una falta temporal en los órganos directivos de EPM y toque hacer otra elección.
Clamor por una coraza
Entes relacionados con EPM, como el sindicato de profesionales Sinpro, ven con buenos ojos que se gestione esta especie de “escudo” a través de los estatutos y del gobierno corporativo; de hecho, están buscando un diálogo para conocer el texto del proyecto de Acuerdo y ver si pueden hacer aportes. La conversación al respecto, por lo pronto, fue programada para el 17 de junio, es decir, este lunes. Lo importante es que inmunice a EPM contra cualquier político que venga a futuro, “independiente del partido que sea”, puntualizó la presidenta del sindicato, Olga Lucía Arango. El proyecto de Acuerdo parte de la iniciativa del alcalde y se debe radicar en las sesiones de junio o julio si se quiere que se discuta en la presente temporada de sesiones.
Por el Concejo, el equipo redactor lo encabeza el concejal Luis Guillermo Vélez (Centro Democrático), reconocido experto en estos asuntos; por EPM están el vicepresidente de Asuntos Legales, Gabriel Jaime Velásquez, así como otros expertos; por la alcaldía también hay especialistas de la Secretaría General.
Varias voces han enunciado la necesidad de que EPM realice también una transformación de su gobierno corporativo. Previamente, ha habido sectores sociales que piden a gritos este blindaje o un nuevo “pacto social” alrededor de EPM, ante la eventualidad de que “no siempre estará en poder de una administración que busque lo mejor para ella. Por el contrario, debe prevenir la posibilidad de que sus ‘enemigos’, aquellos que puedan querer explotar sus vulnerabilidades de su sistema de pesos y contrapesos, lleguen al poder”, como lo expresó un editorial de EL COLOMBIANO del pasado 19 de diciembre.
