“Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio profundizó en las actividades investigativas y estableció que los activos identificados habrían sido obtenidos con dineros producto del cobro de extorsiones, la ejecución de secuestros y la explotación ilícita de minerales, entre otras actividades ilícitas que se le atribuyen al denominado Comando Especial Urbano del ELN”, había informado el ente acusador cuando presentó los resultados del operativo.
Si bien dentro de ese centenar de bienes hay fincas, empresas, todo tipo de vehículos y establecimientos comerciales, el avión fue uno de los elementos que más llamó la atención.
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Tal como lo registró este diario este miércoles, en las bases de consulta abierta de la Aeronáutica Civil aparece que la matrícula del avión, la HJ225, aparece vinculada a un hombre identificado como Stiven Castaño Pino, cuya presunta participación en ese entramado investigado por la Fiscalía no ha sido explicada por esa institución.
Luego de que su nombre se hiciera público, Castaño Pino salió a entregar su versión de lo ocurrido, confirmado hacer parte de un grupo de 25 personas vinculadas a las pesquisas de las autoridades.
Pese a que el caso solo se hizo público este miércoles, Castaño señaló haber sido notificado desde el pasado 6 de diciembre.
“El viernes me llegó una notificación de la Fiscalía en la que se señala que 25 personas y yo estamos vinculadas a un proceso de extinción de dominio en el que se sugiere que los bienes incautados se adquirieron con dinero del Eln”, dijo el hombre en declaraciones entregadas al periódico El Tiempo.
En su defensa, Castaño señaló que su familia se gana la vida con una empresa minera que opera en la subregión del Nordeste antioqueño y que la aeronave solo sería usada para transportar insumos para las labores mineras.
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“Mi familia y yo llevamos 60 años en el sector de minería de oro. ¿Acaso no es suficiente nuestra empresa para tener respaldo de ese avión? En el mercado vale $250 millones, ni siquiera lo que vale una Toyota TXL nueva”, alegó, aseverando que el monomotor solo se habría usado unas 5 veces en los últimos tres años, entre los municipios de Amalfi y Cali.
“La Policía le arrancó las alas y a mí me metieron en una organización a la que no pertenezco. Aquí hay manos de terceros o el Estado tratando de dar un positivo. Es muy cuestionable el proceder de las autoridades”, dijo a ese diario Castaño, agregando que junto a la aeronave también la Fiscalía le afectó cuatro motos.
La empresa a la que hace alusión Castaño se trata de Minería La Vetilla S. A. S., en cuyo registro mercantil aparece vinculada a la Cámara de Comercio del Magdalena Medio y matriculada desde el 3 de marzo de 2005, con una actividad comercial asociada al comercio al por mayor de metales y la extracción de oro y otros metales preciosos.
Pese a que en las bases de datos del Registro Único Empresarial y Social (Rues) Castaño Pino no figura ni como representante legal ni suplente de esa empresa, al revisarse los registros públicos de la Agencia Nacional de Minería su documento de identidad sí aparece asociado a operaciones mineras de oro y plata en el municipio de Amalfi.
Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO se puso en contacto con Minería La Vetilla S. A. S., desde donde indicaron no tener conocimiento alguno del proceso que adelanta la Fiscalía y dijeron estar revisando toda la situación de la mano de un equipo jurídico.
Si bien la empresa señaló que hasta no tener mayor claridad no emitiría ningún pronunciamiento, señalaron que Castaño Pino no sería un portavoz de la misma, al no hacer parte “ni de la administración, ni de los socios”.
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