Si la Alcaldía de Medellín se comparara con un barco, el primer año del segundo periodo de Federico Gutiérrez bien podría equipararse a la tarea de evitar un naufragio.
En los últimos doce meses, EPM, el segundo conglomerado público más grande del país logró sacudirse de una crisis a múltiples frentes que lo tuvieron en jaque a finales de 2023.
En varios sondeos de opinión, como la encuesta de percepción ciudadana de Medellín Cómo Vamos o la última encuesta de la firma Invamer, los datos dan cuenta de que tanto la confianza como el optimismo han logrado alzar cabeza tras tocar fondo en el cuatrienio anterior.
Tan solo en el caso de la confianza, que mide Medellín Cómo Vamos, el indicador pasó, por ejemplo, de un 24% en 2023 a un 53% el año pasado, el más alto desde 2021.
El camino para sacar de nuevo a flote al Distrito ha estado lleno de turbulencias y comenzó dos meses antes de la posesión de Gutiérrez en el Museo de Antioquia el 1 de enero, por cuenta de un proceso de empalme que pareció más una auditoría.
Los hallazgos
Con un Distrito acéfalo, no solamente sin el exalcalde Daniel Quintero, sino con la mayor parte de las cabezas de su grupo político ya por fuera del barco, desde noviembre de 2023 arrancó una tensa transición del poder, que concluyó con un oscuro balance que arrojó problemas en casi todas las entidades y grandes proyectos.
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Además de múltiples irregularidades en contratos, cuya investigación fue ampliada durante todo el 2024 y cerró con un consolidado de 650 hallazgos de corrupción, los chicharrones más urgentes vinieron por cuenta de gigantescos huecos y líos presupuestales heredados del cuatrienio anterior.
Uno de los más complejos por poco pone en la cuerda floja el inicio del año escolar en las instituciones educativas, que arrancaron el año debiendo hasta tres meses de servicios públicos. Con una deuda calculada en $3.500 millones, la Alcaldía tuvo que declarar la urgencia manifiesta para hacerle frente a esa crisis y garantizar el regreso a clases de más de 272.191 estudiantes (cifra inferior a los cerca de 300.000 que en promedio solía tener la ciudad, en una contracción impulsada en gran parte por la deserción).
Sin salir de los colegios, otra pesada carga con la que la nueva administración arrancó fueron las obras de reparación y adecuaciones de infraestructura emprendidas desde el cuatrienio anterior por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), que incluían trabajos en 177 sedes.
Si bien desde 2022 el Concejo de Medellín había liberado en un caldeado debate vigencias futuras por $319.047 millones para arreglar los colegios más críticos, el parte daba cuenta de un retraso de por lo menos el 77%, en gran medida vinculado a un caos administrativo en el que quedó la EDU.
Desde esta última entidad descentralizada, convertida en una verdadera máquina de contratación directa, los líos en los colegios apenas eran la punta del iceberg, tal como lo denunció entonces su directora Luz Ángela González.
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En mayo, esa funcionaria reveló que la entidad no solo tenía un déficit de $14.400 millones, sino que estaba en un proceso de saneamiento para poner en cintura a una constelación de empresas en las que se concentraron las obras de la ciudad en el cuatrienio pasado, con contratos que estaban desangrando a la entidad y que, en muchos casos, ni tenían cláusulas penales.
Además de esos contratos envenenados, la lista de problemas en la EDU incluyó otro hueco de $1.218 millones en facturas que se dejaron de pagar, una adición a un contrato por $10.600 millones que apareció después del 31 de diciembre de 2023, un mar de contratos que ni siquiera fueron cargados al Secop y un batallón de funcionarios atornillados a sus cargos desde el gobierno anterior, muchos responsables de ese mismo caos.
Para octubre pasado, la información de la EDU daba cuenta de que más de 112 colegios ya habían sido entregados y se avanzaba en ampliar la intervención en otras 220 sedes educativas y la construcción de seis nuevos megacolegios, con una inversión de $1,2 billones.
Situación de EPM
Por fuera de la EDU, otra entidad que arrancó con las cuentas jugando en su contra fue EPM, no solo con su reputación duramente golpeada, sino con un déficit de caja de $5 billones para 2024 y múltiples inversiones problemáticas que estaban desangrando sus cuentas, sobre todo Afinia y Tigo-Une.
El caso de Afinia fue el más crítico. Durante el proceso de auditoría forense, tal vez la denuncia más gruesa fue la realizada por el alcalde Gutiérrez en mayo, cuando señaló haber recibido información que apuntaba a que el gobierno de Daniel Quintero habría negociado entregar esa filial a un grupo político a cambio de un presunto pago de 8 millones de dólares.
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“Un ciudadano que fue testigo del posible entramado de corrupción que afectó a Afinia me manifestó en días pasados ‘la gerencia y negocios de Afinia fueron vendidos de manera ilegal por Daniel Quintero a un excongresista cuestionado por un valor de 8 millones de dólares’”, aseveró entonces Gutiérrez.
Además de esa denuncia, que fue entregada a la Fiscalía, la situación de Afinia sigue siendo el principal dolor de cabeza que hoy enfrenta el Grupo EPM, que desde incursionar con esa filial en la Costa Caribe ya ha desembolsado más de $2,9 billones para invertir en infraestructura y otros $3 billones para garantizar su funcionamiento.
Capítulo aparte merece Tigo-Une, cuya venta le representó a Gutiérrez el debate político más álgido del año.
Si bien, desde 2022 conocedores de los sectores de las telecomunicaciones y los servicios públicos coincidían en que EPM debía salir cuanto antes de su otrora filial (que entre 2012 y 2022 solo dio utilidades en 2013 y 2019, por $45.200 millones y $519 millones respectivamente), dicha enajenación se le cayó cinco veces el exalcalde Quintero, en medio de debates con gruesos señalamientos de corrupción y un Concejo que no confió en la destinación que le daría a los recursos.
Precisamente, en medio de la presión financiera con la que arrancó EPM el 2024, desde organizaciones como Sinpro y la Veeduría Todos Por Medellín, la nueva iniciativa para enajenar las acciones fue cuestionada por no contemplar reinvertir esos recursos en la compañía.
En contraste, tanto el alcalde como el gerente de EPM, insistieron en que los recursos que se esperaban recaudar con la transacción debían ser invertidos en un “activo social” y no usarse en tapar los huecos contables de EPM.
En una agitada sesión, la plenaria del Concejo aprobó la enajenación con un aplastante bloque de 16 votos a favor y solo 5 en contra.
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En el Grupo EPM, otra filial que estuvo el año pasado contra las cuerdas fue Emvarias, sobre todo por cuenta del relleno sanitario La Pradera, que tuvo reavivó los temores de una crisis sanitaria ante un riesgo de colapso del vaso Altair, que demandó una inversión de $110.00 millones.
Para evitar una catástrofe Emvarias no solo se metió en esas obras de mitigación sino que habilitó provisionalmente el vaso La Música, mientras la empresa avanzaba en una carrera contrarreloj para destrabar la construcción del vaso La Piñuela, dejado al garete en el cuatrienio anterior.
Dicha filial también frenó en seco la ejecución de un controvertido piloto de cargue lateral por $199.000 millones, entregado contra viento y marea a la firma Themac, que entre sus propietarios tiene a Barcelona Export Group (en la que a su vez es accionista el polémico empresario Manuel Grau Pujadas, cercano al presidente Gustavo Petro).
Mensajes de confianza
Al tiempo que se enfrentaron todos esos líos, la Alcaldía también buscó dar mensajes para demostrar a la ciudadanía que los tiempos de los manejos contractuales oscuros terminaron.
Uno de ellos, por ejemplo, fue reducir sustancialmente los recursos ejecutados de los fondos fijos, más conocidos como la caja menor, y que en 2023 abrieron una fuerte controversia cuando se conoció que habían sido usados para costear cenas en restaurantes de lujo para el exalcalde Quintero y su círculo más cercano.
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De un consolidado de $293.335.694 en 2023 para el despacho del alcalde, los gastos de estos fondos pasaron a $235.900 en 2024, en una reducción del 99%.
Igual comportamiento sufrieron los gastos de la alcaldía, que pasaron de $394.657.999 en 2023 a $13.000.000 el año pasado, un 96% menos.
A nivel contractual, otro cambio implementado por el Distrito fue el de implementar prácticas de transparencia más amplias, como realizar sus compras públicas a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, con un total de 8 procesos adjudicados por esa vía.
De igual forma, el gobierno se embarcó en la creación de un tablero de oportunidades, una herramienta informática de acceso abierto que integra los procesos de contratación de todo el conglomerado público y permite a los interesados en concursar por un contrato público acceder más fácil a la información.
En el sector privado y la academia, el cambio de gobierno vino acompañado también de otras señales, sobre todo por cuenta del regreso del Distrito a múltiples espacios de diálogo y trabajo con organizaciones empresariales y universidades.
En materia de espacio público, uno de los temas con los que Medellín arrancó peor calificado el año pasado, el Distrito también implementó un plan de choque.
En aseo y ornato, por ejemplo, las intervenciones pasaron de 640 entre 2020 y 2023, a 1.500 solamente en 2024. En esas acciones, los esfuerzos se concentraron en separadores viales y jardines, los puntos más críticos al cierre de 2023.
Malla vial
En cuanto a malla vial, la Alcaldía aceleró trabajos de recuperación y al cierre del año pasado entregó un consolidado de cerca de 8.000 huecos tapados, 13 kilómetros de vías mantenidas y otros 4 kilómetros repavimentados.
Apagados los frentes más urgentes del incendio, los planes del gobierno ahora apuntan a concentrar los esfuerzos en detonar varios proyectos a mediano y largo plazo.
En materia de infraestructura, además de las nuevas inversiones en instituciones educativas, también aparece en la brújula arrancar con las obras de Parques del Río Norte, la construcción de siete nuevos jardines de Buen Comienzo y la recuperación de 700 escenarios deportivos.
Al cierre de 2024, la encuesta Invamer calculó un 77% de aprobación para el primer año de gobierno de Gutiérrez, un número que si bien es el más alto entre los demás alcaldes del país aún no alcanza los de su primer periodo, en el que su aprobación más baja había sido de 78% y la más alta de 91%.
En esa misma encuesta, la distancia entre los ciudadanos que consideran que las cosas están mejorando o empeorando seguía siendo muy estrecha, siendo los primeros un 46% y los segundos un 51%, dando cuenta que aún falta trecho para regresar a los indicadores de otros tiempos.
