En los últimos seis años la Alcaldía de Medellín ha gastado $17,7 billones a través de contratación directa y $19,2 billones más en contratación por régimen especial. Las sumas, además de ser elevadas, preocupan porque estos mecanismos han sido los más usados en las administraciones recientes para invertir la plata, muy por encima de los $6,7 billones asignados en licitaciones públicas. El problema: estas formas de contratación facilitan la entrega de recursos a dedo y, en algunos casos, le abren la puerta a la corrupción.
Los datos responden a la suma de reportes publicados por las entidades del conglomerado público en las plataformas del Secop I y II, entre 2017 y 2022. También son resultado de un informe publicado por la Cámara de Comercio de Medellín que caracteriza los tipos de contratación usados por el Distrito y sus entidades descentralizadas y las cuantías.
Si bien el ejercicio arrojó variedad de datos, los más dicientes tienen que ver con la forma en que la ciudad se gasta el dinero público. Y aunque el tema puede ser en principio engorroso, la herramienta, dice Piedad Restrepo, desde la veeduría Todos por Medellín, puede ser útil para el control ciudadano.
Aunque en su análisis la contratación directa se ha mantenido en el 75%, tanto en la administración de Federico Gutiérrez como en la de Daniel Quintero, las cifras muestran que en esta última se ha disparado el gasto de recursos a través de contratos por régimen especial. En la Alcaldía anterior se gastaron $5,6 billones a través de esta modalidad y en esta, que aún no termina, se han destinado $8,9 millones.
“El porcentaje de contratación directa ha sido mayor que en los dos periodos anteriores. Es decir, hay una tendencia de aumento en la preferencia de esta contratación en el conglomerado público, igual con los convenios interadministrativos, que son régimen especial”, dice Restrepo.
Y es que el total que mencionamos, respecto a contratación por régimen especial solo responde al consolidado de Secop I. La cifra podría aumentar en caso de revisar los totales reportados en las otras dos plataformas destinadas para este fin. Y aunque Natalia Isaza, jefe de estudios jurídicos de la Cámara, sostiene que estos montos no se pueden “satanizar” de entrada, “sí llama la atención que entidades como el Hospital General contraten tanto y de a poquito. Eso muestra que hay una práctica qué revisar”.
Otras cifras
El informe de la Cámara consolida diversas formas de contratación, pero aquí presentamos las más usadas por el conglomerado en los últimos seis años: directa, régimen especial y licitación pública. El quid del asunto está en la competencia y pluralidad de oferentes que permite cada modelo y, aunque eso no es garantía de calidad o legalidad, es requisito mínimo para cuidar los recursos públicos. La directa, por ejemplo, reduce la participación de oferentes; el régimen especial, propio de entidades como la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) o Metroparques, se basa en manuales de contratación con amplias gabelas; mientras que la licitación, por principio, permite la puja entre interesados.
Sumando los reportes en las tres versiones de Secop, entre 2017 y 2022, el ahora Distrito se ha gastado $43 billones en estas modalidades de contratación. Tan solo el 15% de este total corresponde a licitaciones públicas, el 44% a régimen especial y el 41% restante a procesos de contratación directa , que son los que corren el riesgo de ser entregados a “dedo”.
En medio de esto tienen lugar los procesos de tercerización. Es decir, que una Secretaría como Educación termina delegando sus actividades -es el caso del plan de infraestructura educativa que se ejecuta actualmente- a entidades descentralizadas como la EDU, “lo que deja sin misión a muchas entidades”, afirma Restrepo.
En esto coincide el concejal de oposición Alfredo Ramos, quien le ha venido haciendo seguimiento a la contratación de esta administración, en especial a los despachos de Educación, la EDU e incluso Metroparques, la firma del conglomerado que se ha quedado con varios contratos del Distrito, incluso la administración del gimnasio para los funcionarios de la Alcaldía de Medellín, sector que era desconocido hasta ahora en su objeto social (ver recuadro). “Entidades que no tienen ningún tipo de experiencia, como Metroparques o la ESU, se vuelven vehículos contractuales: envían allá recursos públicos con contratos interadministrativos”, afirma Ramos.
Y, a paso seguido, agrega: “Ya en esas entidades, a través de los manuales de contratación, entregan la plata, violando los mínimos competitivos. Si todo fuera por licitación habría más posibilidad de hacer un control ciudadano. Muchas entidades ni publican sus procesos contractuales. El otro tema es la mínima cuantía: contratan de a poquitos y, de esa forma, se gastan millonadas. Son modelos que, en muchos casos, terminan en riesgo de corrupción”. Los sectores de salud, educación y finanzas, por su parte, son los que encabezan la lista de contratación en el conglomerado. Por el monto de los contratos puntean, además del Distrito, entidades como Metrosalud, la EDU y la ESU.
Este tipo de tercerización, que a su vez termina en subcontratación, genera costos excesivos de transacción y de esa forma la plata pública empieza a atrancarse en intermediarios. Además, dice Restrepo, se pierde la ruta de los recursos, no se crea valor público y se tiende a favorecer intereses particulares o grupos políticos. “El conglomerado termina convirtiéndose en una especie de cartel”, agrega. Y es que este tema ya lo han denunciado concejales como Ramos, en el caso de la adjudicación de las vigencias futuras obtenidas por esta administración para el arreglo de los colegios: aprovechando el régimen especial, la EDU ha abierto licitaciones con invitación privada que luego han resultado desiertas. “Es una pantomima”, alega el corporado, “para entregar la plata a dedo”.
Isaza, de la Cámara, no se detiene en si esta administración u otras han adelantado malas prácticas y afirma que el conglomerado está a tiempo de darle prioridad a la competencia en sus procesos de selección.
“Si bien estos datos pueden servir para levantar alertas, tampoco se puede señalar de entrada que es una mala práctica. Sí hay que promover la competencia, eso da cierta garantía de que la opción que se escoja es de calidad. Ese puede ser el llamado para las entidades del conglomerado”, sostiene.
El informe publicado por la Cámara se irá actualizando y, además de serle útil a las veedurías, podría convertirse en un “jalón de orejas” para las entidades que no hacen públicos sus procesos de contratación, como exige la ley.
