Siete años tuvieron que pasar para que la justicia reconociera que el Estado, concretamente la Alcaldía de Medellín, le falló a Claudia Patricia Gómez Castaño, quien fue asesinada en noviembre de 2017 por su esposo, Andrés Felipe González Montoya, en un caso que conmocionó a la capital antioqueña
Claudia Patricia, hermana de la hoy congresista Susana Gómez (conocida como Susana Boreal), era madre de once hijos, quien a pesar de buscar ayuda de las autoridades para evitar que su expareja atentara contra su vida, fue asesinada en su propia casa por González, quien le disparó en cinco oportunidades.
Ahora el Juzgado Primero Administrativo de Medellín, a través la sentencia 148, determinó que el Estado fue responsable de no otorgar las medidas necesarias para preservar la vida de la mujer que se encontraba en inminente riesgo de feminicidio. El tortuoso proceso que ha padecido la familia de Claudia Patricia apenas salió a la luz pública en junio de 2023, cuando el diario El Espectador reveló los detalles del caso que evidenciaron no solo la cadena de negligencias que facilitaron el fatal desenlace sino la respuesta revictimizante por parte del Distrito de Medellín.
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Una semana antes del feminicidio, Claudia Patricia acudió a la Comisaría 12 en compañía de una de sus hijas para denunciar los ataques y amenazas de los que estaba siendo víctima por parte de su esposo. Incluso mientras entregaba su testimonio en la Comisaría, el sujeto llegó al lugar para amenazar a la mujer en medio de gritos.
Lo que recibió Gómez ese día fue una copia de una orden de alejamiento que determinaba que González no podía acercársele a menos de 200 metros, ni entrar a su casa. Pero de nada valió. Una semana después de dicha medida, González entró en la madrugada a la casa, ubicada en la Comuna La América, y le disparó cinco veces a la mujer en presencia de todos sus hijos. Al día siguiente, el asesino se entregó a las autoridades y posteriormente fue condenado a 33 años y cinco meses de cárcel por feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
La familia demandó al municipio al considerar que no se agotaron todos los recursos para garantizar la seguridad de Claudia Patricia, y entre el dossier de pruebas que aportó se incluyó una respuesta de quien presidía la Comisaría 12 en ese momento, Isabel Cristina Escobar, quien en derecho de petición aseguró que la copia de la orden de alejamiento nunca llegó a la Policía del barrio para que tomaran las medidas de seguridad pertinentes, porque no hubo carro para llevar el documento, pues el vehículo estaba ocupado en “trasladar a la comisaria de familia encargada a capacitaciones oficiales que tenía programadas”.
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Luego, en una audiencia, la misma comisaria dijo que Gómez fue quien debió haber ido a la estación de Policía a entregar la copia de la denuncia.
Pero esta no fue la única revictimización que sufrió la familia en el proceso. En un un concepto del despacho jurídico durante la administración de Daniel Quintero, enviado a la jueza del caso el 23 de marzo de 2023, se responsabilizó a Claudia Gómez de su asesinato: “Pese a la medida de alejamiento o prohibición de acercase, el fin de semana anterior a los hechos del feminicidio, Claudia Patricia Gómez Castaño accedió a verse con (el asesino) faltando de esta manera al autocuidado”, se lee en el documento.
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Con todos estos elementos, finalmente el juzgado responsabilizó al Distrito y le exigió indemnizar a la familia de Claudia Patricia con más de $700 millones. Según señaló la congresista Susana Gómez, la familia recibió el fallo con una mezcla entre alivio y tristeza.
Gómez indicó que la indemnización tiene una importancia fundamental como reparación a la familia, pues narró que después del feminicidio, sus padres se hicieron cargo de todos los hijos, quienes a medida que han cumplido su mayoría de edad han emprendido sus proyectos de vida, por lo que reiteró que el pago servirá para apoyar a los hijos de Claudia.
También manifestó que el fallo establece precedentes para actuar de manera oportuna frente a las violencias basadas en género. “Es un recordatorio de las cosas que no se hicieron a tiempo. La vida de mi hermana se pudo haber salvado así como las vidas de cientos y miles de mujeres que han sido asesinadas y que la mayoría de los casos las mujeres sí han ido a denunciar, pero, por culpa de no haber dejadas abandonadas a estas mujeres es que muchas veces terminan en estos casos de feminicidios”, manifestó Gómez, quien a su vez señaló que el Distrito deberá capacitar a sus funcionarios para que negligencias como las ocurridas en este caso no vuelvan a ocurrir.
Finalmente, la representante a la Cámara aseguró que hasta el momento nadie en la administración de Federico Gutiérrez, que le corresponde cumplir con lo ordenado por el fallo, se ha comunicado con la familia. Y pidió a la alcaldía que apoye a la Veeduría que la jueza también ordenó crear para que supervise el cumplimiento de las políticas públicas de todo lo relacionado con la prevención de violencias basadas en género.
