Después de tres años sin mover un solo ladrillo, la Alcaldía de Medellín radicó ante el Concejo un proyecto de acuerdo con el que pretende comprometer vigencias futuras para construir la cárcel metropolitana, tal como ordenó la Corte Suprema en 2019.
Lo que presentó la Alcaldía para al Concejo es una cárcel con capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad distribuidas en seis pabellones, en un lote de 30 hectáreas ubicado en San Cristóbal que tiene tres dueños: la Alcaldía de Medellín (55%), la Policía (35%) y un privado (10%).
Según lo explicó el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo, después de definir los diseños entre 2023 y 2024 y empezar la construcción en 2024, la pondrían a funcionar en 2026. El proyecto está pensado para ejecutarse con una alianza público-privada, en la que el privado tendrá a cargo el diseño, la construcción, mantenimiento de infraestructura y todo lo que implique la operación, alimentación de detenidos y talleres de formación. La Alcaldía, por su parte, administrará el lugar, el personal de guardia y brindará servicios básicos a los sindicados.
Para llevar a cabo todo esto le piden al Concejo que apruebe $56.200 millones anuales durante 12 años, es decir, $675.000.
Y hasta ahí llegan las claridades que entregó la Alcaldía. Lo que sigue es terreno confuso, preguntas y grietas que nadie en la Alcaldía ha salido a resolver.
En el repertorio de interrogantes figura el del lote. La concejala del Centro Democrático Leticia Orrego advirtió que después de revisar el proyecto no aparece por ninguna parte cuánto valió el predio y cuál es el estudio técnico que respalda su viabilidad para albergar la cárcel, información básica con la que tienen que discutir el proyecto en el Concejo y que el Distrito no les ha entregado todavía.
Orrego señaló que la alcaldía de Daniel Quintero no ofrece ninguna garantía para la aprobación de dichas vigencias, luego de tres años de negligencia con la obligación de la Corte que a última hora quisieron corregir con un proyecto lleno de irregularidades.
Es pertinente recordar que la sentencia de la Corte les daba un plazo de 40 meses a la Alcaldía y a los municipios del área metropolitana para construir la cárcel y acabar con el hacinamiento que padece el Valle de Aburrá y que mantiene en deplorables condiciones a cientos de detenidos en las 27 estaciones de policía existentes.
Pero aunque ese plazo expiraba en abril próximo, la Sentencia de Unificación SU122/22 de la Corte Constitucional le otorgó el año pasado seis años más de plazo para que esta cárcel esté operando.
Por ello la concejala Orrego insistió en que este proyecto debe discutirse el próximo año para que se ejecute con plenas garantías durante el siguiente cuatrienio.
Quien también tiene una postura negativa frente a esta discusión es la concejala Claudia Ramírez, quien tras el primer debate de este proyecto, el pasado 27 de febrero, advirtió falencias financieras.
