Otro alcalde más está a punto de terminar su mandato sin hacer todo lo necesario para cumplirle a las familias de personas desaparecidas en La Escombrera, en la comuna 13.
A poco más de tres meses para finalizar la administración de Daniel Quintero, la ansiada reanudación de las excavaciones para intentar hallar los restos de las víctimas sigue sin concretarse a pesar de que la JEP le anunció hace 21 meses a las familias el reinicio de la nueva etapa de búsqueda. De los anuncios no quedó sino la bulla de la Secretaría de la No Violencia y los amagues de las JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD–.
Entre las excusas que han recibido las víctimas en este tiempo están la falta de recursos, respuesta que esgrimió la Alcaldía el año pasado. Ahora el punto en discordia es un estudio geotécnico que la Alcaldía alega que es indispensable para reanudar las excavaciones.
Lo que defiende el Distrito es que este estudio geotécnico es necesario para garantizar la logística para el rastreo de personas dadas por desaparecidas en la zona. Señala que el estudio que está a cargo de las secretarías de la No Violencia y Suministros y Servicios tiene que cumplir con tres etapas: primero, la perforación en el terreno para obtener muestras del suelo; segundo, realizar un análisis de laboratorio de las muestras obtenidas; y tercero, definir los diseños para los taludes y las excavaciones y establecer un sistema de monitoreo para, finalmente, empezar con la remoción, excavación y análisis del material extraído en el polígono que determinó la JEP y donde se proyecta excavar entre cinco y doce metros de profundidad.
Pero para María Victoria Fallon, quien ha acompañado los procesos de estas víctimas desde el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), lo del estudio no es más que una mera excusa para embolatar a las víctimas y para generarles falsas expectativas mientras evitan actuar de fondo.
Lo que sostiene la defensora de derechos humanos es que el estudio va a concluir lo mismo que ya se sabe desde hace años: que es una montaña conformada por escombros y residuos de la explotación para la extracción de material y que es una zona que presenta unas condiciones inestables que ya son conocidas desde hace años.
María Victoria dice que la Alcaldía no ha logrado explicar convincentemente por qué si ya hubo una primera etapa de excavación en 2015 que no requirió dicho estudio ahora resulta ser indispensable. Pero incluso partiendo del hecho de que fuese necesario, dice que la administración no tiene un plan para garantizarles a las víctimas que dejará marchando la fase de excavación y remoción. La Alcaldía no ha sido clara respecto a si cumplirán con la entrega de los resultados del estudio el 21 de septiembre, si tiene recursos para ejecutar la fase de excavación y cuándo y cómo adelantará la contratación para ello.
Eso sí, la abogada pide que no se tome el incumplimiento a las víctimas como un caballito de batalla electoral en época de campaña. “Es un tema estrictamente de derechos humanos, no electoral”, reclama.
Y lo dice que porque reitera que no solo es Quintero quien no les ha cumplido a las víctimas. Federico Gutiérrez, advierte, no “movió un dedo para cumplirle a las víctimas. Y Aníbal Gaviria solo se interesó en hacer un show mediático junto con la Fiscalía”.
Y recuerda que Alonso Salazar contrató un estudio con la Universidad de Antioquia que terminó engavetado y contrató tres equipos forenses internacionales cuyos conceptos terminaron incluidos “en un libro bonito y pare de contar”. De Sergio Fajardo señala que tampoco movió un dedo en favor de las víctimas.
En cuanto a Luis Pérez, sentencia, tiene capítulo aparte, al tener un papel fundamental en la puesta en marcha de la Operación Orión (ejecutada en octubre de 2002) que no duda en defender públicamente y ha llegado a asegurar que, de ser necesario, la volvería a implementar.
El verdadero gran interrogante entonces, concluye la defensora de derechos humanos, es por qué a la Alcaldía que como institución tuvo responsabilidad en las desapariciones que allí ocurrieron hace dos décadas se le ha permitido tener tanta capacidad de decisión a pesar de que la justicia determinó en 2013 que su rol era estrictamente destinar los recursos y la logística para que las entidades a cargo buscaran a los desaparecidos.
Eso está muy lejos de cumplirse. Y tampoco se cumple en la práctica aquello que promulgó el Acuerdo de Paz y que la JEP aseguró que sería garante: que las víctimas fueran el centro de los procesos.
La organizaciones de víctimas han pedido que las incluyan en la mesa técnica en la que la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Alcaldía toman decisiones sobre el proceso en La Escombrera.
Después de muchas negativas finalmente aceptaron, pero solo de dientes para afuera. La semana pasada, por ejemplo, les hicieron una ‘jugadita’. Les aseguraron que la reunión de la mesa técnica debía correrse de hora, pero un propio funcionario les dijo que era falso, que la JEP, UBPD y Alcaldía se habían reunido a la hora pactada y que las víctimas solo conocerían el contenido de las decisiones mediante un informe posterior.
María Victoria insiste en que lejos de cualquier manejo político, las víctimas necesitan transparencia y dejar de recibir falsas expectativas después de tantos años esperando para escarbar en búsqueda de la verdad.
