Medellín

En la Alcaldía de Medellín no están de acuerdo con la sobretasa de seguridad de Rendón

La iniciativa, que también genera preocupación en EPM, podría volver a tener problemas en la Asamblea de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. FOTO: Manuel Saldarriaga

15 de noviembre de 2024

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El resurgimiento del proyecto para cobrar un nuevo impuesto de seguridad en Antioquia vía servicios públicos no cayó bien en la Alcaldía de Medellín.

A escasos tres días de que el proyecto finalmente se radicara en la Asamblea de Antioquia, en donde los diputados tendrán la última palabra para aprobarlo o volverlo a sepultar, la iniciativa despertó preocupación en el gobierno de Medellín, en un panorama que ya viene caldeado desde hace una semana luego de que organizaciones como el Comité Intergremial de Antioquia expresaran su oposición a que se cree un nuevo impuesto que golpee al sector empresarial.

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Pese a que las diferencias todavía no se han hecho públicas, el proyecto levantó ampolla no solo en el alcalde Federico Gutiérrez sino en EPM, desde donde hay malestar por no haber sido tenidos en cuenta en la discusión del proyecto, pese a los fuertes impactos que tendría especialmente en Medellín.

Según pudo conocer este diario, el razonamiento al interior de la administración distrital y la compañía de servicios públicos es que imponer un tributo de este tipo, que impacte precisamente en el valor de la energía, no sería conveniente considerando el riesgo de que haya un déficit de energía el próximo año y las tarifas suban.

Cabe recordar que si bien el incremento en el nivel de los embalses ha alejado el fantasma de un apagón en lo que resta de este año, en el sector energético nacional hay consternación por lo que pueda ocurrir en la temporada seca de 2025, sobre todo por cuenta de los faltantes de gas que se proyectan (claves para el respaldo proporcionado por las térmicas).

“Es claro que estos voceros tienen razones para anunciar que sí estamos ante una situación crítica que puede llevarnos a un racionamiento. Ante tal grado de crisis, quedan aún más agravadas las condiciones de los usuarios, pues el gas importado puede encarecer las tarifas hasta en un 30% más como lo ha advertido el gerente de Promigas”, expresó por ejemplo este mes Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios.

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De acuerdo con los datos de EPM con corte agosto pasado, tan solo en el caso de la energía la tarifa ha tenido además un incremento del 7,32% durante los últimos 12 meses en el departamento.

Además de estas variables económicas, en Medellín también habría dudas de la viabilidad legal de ese nuevo cobro.

Más allá de las fricciones que esta situación podrían aportarle a la relación entre Gutiérrez y Rendón, los repartos que han surgido en la Alcaldía también le podrían complicar las cuentas al gobernador para sacar adelante el proyecto de ordenanza en la Asamblea.

En julio pasado, fue precisamente por cuenta de una ponencia negativa radicada por la bancada del movimiento Creemos, el del alcalde Gutiérrez, que Rendón decidió retirar el proyecto de ordenanza.

En esa corporación el movimiento de Gutiérrez tiene 5 de los 26 diputados.

El pasado 8 de noviembre, el presidente el Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada López, ya había hecho pública su preocupación por el resurgimiento de la idea, señalando que en esta segunda oportunidad el proyecto de ordenanza tampoco había sido socializado oportunamente.

“La presentación del impuesto de seguridad y convivencia ciudadana nuevamente careció de una profunda socialización con empresarios y ciudadanos, que son los que se verían directamente afectados. Antioquia y Colombia atraviesan por una serie de dificultades económicas y sociales, presentadas ampliamente por instituciones como el DANE, donde la gran mayoría de las actividades empresariales presentan decrecimientos significativos, lo cual impacta drásticamente el empleo y las condiciones de vida en nuestro Departamento. Por lo cual un nuevo impuesto no es apropiado en estos momentos”, expresó el líder gremial.

A juicio de Posada, a pesar de la importancia de mejorar la situación de seguridad de Antioquia, el camino no sería el de gravar a los empresarios.

“Somos consistentes de las dificultades en materia de seguridad que atraviesa Antioquia y Colombia, por lo cual se debe de hacer una firme exigencia al Gobierno Nacional para que cumpla con su obligación de salvaguardar los derechos constitucionales de todos los colombianos, así como brindar los recursos para que la Fuerza Pública pueda cumplir con su función”, añadió entonces.

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Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón se ha mantenido en que, ante la apatía del Gobierno Nacional para ayudar a Antioquia en su crítica situación de seguridad, se haría necesario buscar alternativas financieras para intervenir la infraestructura de las estaciones de policía, batallones, mejorar la dotación de la Fuerza Pública, entre otros.