Con una estrategia concertada con los concejales afines al gobierno y algunos de la oposición, la Alcaldía de Medellín ajustó el proyecto con el cual pretende que EPM le transfiera de forma extraordinaria $330.000 millones, para lo cual pasó de un texto de un artículo a otro de 39 en el que básicamente divide los recursos por programas, pero que en el fondo busca el mismo resultado: obtener los dineros.
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En medio de esa “operación avispa”, el coordinador de ponentes de la iniciativa en el Concejo, Lucas Cañas, compartió el texto ajustado que volverá a primer debate en las comisiones Primera y Segunda y que pretendía ser discutido mañana sábado, en pleno puente festivo, pero en medio del afán iba sin las firmas de dos de los ocho concejales ponentes: Simón Pérez y Luis Carlos Hernández.
La administración insiste en que necesita $330.000 millones más para cumplir con los programas de política social más sensibles de su plan de desarrollo, aunque la misma Contraloría Distrital sostiene que son 21 proyectos, por más de $70.000 millones, los que a esta altura registran una ejecución de apenas el 50%.
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Lo cierto es que el nuevo documento no parece resultar de un consenso. El único concejal de oposición que participó de las modificaciones fue Carlos Ríos, presidente de la Comisión Primera e integrante de la bancada del Centro Democrático.
A Simón Pérez y Luis Carlos Hernández, quienes se han mostrado críticos frente a la iniciativa y también son ponentes, el texto les llegó sobre el tiempo y no fue suficiente para que alcanzaran a firmarlo, confirmó el mismo Cañas.
Lo otro es que el nuevo documento, ahora de 48 páginas, no da cuenta de la ejecución y gestión de recursos ordinarios adelantada por los despachos que piden más transferencias. Recordemos que ese fue uno de los pedidos que hicieron esta semana parte de los concejales: que cada dependencia destapara sus cifras de ejecución para establecer si se le aprueba más plata o no.
Lo que trae la modificación
El nuevo informe de ponencia fue firmado por los concejales Cañas, Ríos, Juan Felipe Betancur, Jaime Cuartas, Carlos Romero y Aura Marleny Arcila, quien sigue aferrada a su curul. En este se hicieron dos modificaciones sustanciales. Ya no aparece el artículo 2 del proyecto que estaba a punto de hundirse, que proponía dotar de facultades extraordinarias al alcalde Daniel Quintero para que ajustara, según su criterio, el destino de las transferencias.
La otra modificación es que ahora el paquete de transferencias aparece discriminado por dependencias en 38 de los 39 artículos. Allí, la administración precisa cuánta plata necesita cada despacho. Pide montos que no superan los $1.000 millones para las secretarías Privada, de Comunicaciones, de Gestión Humana, de Mujeres, de Juventud, el Dagrd, la Biblioteca Pública Piloto y la Gerencia del Centro. Este tipo de transferencias, dice el concejal Ríos, es probable que sean negadas. Pero hay otras más neurálgicas y de mayor monto, que comprometen los sectores educativos, de oferta de vivienda y de poblaciones vulnerables.
Es el caso de Sapiencia con un pedido de $30.158 millones, el Colegio Mayor con $4.699 millones, el Pascual Bravo con $12.416 millones y el ITM con $23.112 millones. Para la construcción de viviendas, mejoramientos integrales en los barrios y edificaciones de interés social el Isvimed pide $46.635 millones. Y para Buen Comienzo, programa que atiende a la primera infancia de la ciudad, se solicitan $17.898 millones.
Pero eso no es todo. Es justo la Secretaría de Inclusión Social la responsable de buena parte de la política social. Para esa dependencia, que ejecuta el Plan de Alimentación Escolar (PAE), la renta básica y la atención de las personas con discapacidad y adultos mayores, la administración pidió transferencias por $22.436 millones. En este tipo de pedidos es donde, según algunos concejales, votar negativo terminaría siendo un “arma de doble filo”.
Cuentas podrían ser favorables
Recordemos que el proyecto se discute de manera conjunta en las comisiones Primera y Segunda. Allí está por ahora empatado: de 14 votos posibles, siete concejales se muestran a favor y siete en contra. La movida de eliminar el artículo de las facultades extraordinarias del alcalde, además de desagregar el pedido de recursos, fue la última carta de la Alcaldía para evitar que el proyecto se hunda.
Así lo ve el concejal Ríos, quien dice que dadas las cosas la nueva ponencia es la opción menos negativa: “Si esto no se aprueba, qué va a decir la gente, que nosotros somos culpables, Quintero está ejecutando $6,5 billones de presupuesto y dejó $330.000 millones para ponernos a pelear y así construir su narrativa. Fue muy astuto: puso lo más sensible de la ciudad en el pedido de transferencias”.
La negación de los artículos en los que la administración pide recursos para Matrícula Cero e iniciativas de arriendo temporal para familias vulnerables, entre otros, podría pasar cuenta de cobro justo en un año electoral. Esa cuenta la hacen Ríos y otros concejales; sin embargo, a Pérez el ajuste aún no le queda muy claro.
Además de sostener que la ponencia no le fue entregada oportunamente por Cañas y que no participó de las modificaciones, este concejal que también integra la Comisión Primera aún pide que las dependencias rindan cuentas para tomar una decisión: “Necesito que la Alcaldía nos muestre que ha hecho todo el esfuerzo, con traslados y optimización, para suplir los huecos. Saber qué secretarías están ejecutando bien o si hay poca ejecución. Ese asunto crítico aún no se ha resuelto”.
Cañas confirma que el ajuste al texto no se dio en pleno con todos los ponentes porque la reanudación del debate se proyectaba para este sábado y había premura.
Pero “tendrán más tiempo para firmar” porque el debate se aplazó y sería el martes próximo a las 8:30 de la mañana. Ese día se verá si la ‘operación avispa’ del alcalde Quintero rindió efecto. Mejor dicho: si el Concejo le afloja más plata, pese a esa alerta de la Contraloría por la mala ejecución del erario.
