EPM podría tener una bomba de tiempo en sus manos. Luego de completar tres años de aterrizar en la Costa Caribe con su filial Afinia, en un periodo lleno de lunares y hasta denuncias de presuntas irregularidades, en Medellín la nueva junta directiva de EPM anda rascándose la cabeza con miras a encontrar una fórmula que le permita enderezar el rumbo de esa compañía.
Y es que además de tener en sus manos a más de 1,7 millones de usuarios de 134 municipios de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Magdalena, la empresa también representa una de las inversiones más arriesgadas en la historia del Grupo EPM, que a pesar de tener en sus manos “chicharrones” como el de Hidroituango, aún pendiente de terminar sus obras finales, acabó embarcándose en un proyecto que contempla un plan de inversiones $4 billones durante los primeros cinco años de operación, más otros $8 billones en un plazo de una década.
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El rumbo que podría tomar la compañía volvió a aparecer en la agenda pública luego de que el pasado jueves 14 de marzo EPM informara que el ingeniero civil John Jairo Granada Giraldo tomará las riendas de la empresa.
Aunque con el nombramiento de Granada EPM se mantuvo en su promesa de rodearse de cabezas técnicas y conocedoras del sector, ya que el ingeniero viene de gerenciar la Central Hidroeléctrica de Caldas y acopiar experiencia en muchas otras empresas de servicios públicos como Aguas de Manizales y Telecom, el nuevo funcionario no tendrá una gestión sencilla.
Las primeras alertas en ese sentido fueron emitidas por la recién renovada Junta Directiva de EPM, que a finales de enero pasado mostró un alto nivel de preocupación por las cuentas de la filial, que tan solo en materia de saldos pendientes por el mecanismo de la opción tarifaria tiene un hueco por cubrir de $1,7 billones.
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Para ese órgano, la situación es tan crítica que fue equiparada al lío que también afronta el Grupo EPM con Emvarias, desde donde se buscan soluciones contra el reloj para que el departamento de Antioquia no entre en una crisis sanitaria ante los rezagos que quedaron del gobierno pasado en el licenciamiento de un nuevo vaso para el relleno La Pradera.
Además de la opción tarifaria, Afinia también arrancó este nuevo año arrastrando líos reputacionales legados de la era del ahora exgerente Javier Lastra, quien renunció a su cargo el pasado 4 de enero, poco más de un mes después de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le lanzara un ultimátum durante un congreso de infraestructura en Cartagena y anticipara ver urgente un cambio de rumbo en la empresa.
“Todo es rastrojo por donde se mire, tenemos que recomponer todo”, expresó el alcalde entonces.
Aunque en el anuncio de la llegada de Granada, EPM destacó que durante los últimos cuatro años Afinia ha logrado que el promedio de horas de interrupción en su zona de influencia pasara de 122 en 2021 a 75 el año pasado, así como reducir la frecuencia de interrupciones por año (que pasó de 123 a 51), el alcalde Gutiérrez fue enfático en recordar que enderezar el rumbo financiero de esa filial es una de las tareas prioritarias para EPM, con miras a que las cuentas de la empresa no queden desangradas.
“Yo quiero hacer una alerta: Afinia, como fue manejada, se podría llevar por delante a EPM en términos financieros”, alertó el alcalde en entrevista a este diario, no sólo aludiendo al hueco de $1,7 billones que dejó la opción tarifaria, sino las “graves denuncias” que durante el cuatrienio pasado salieron a flote por presuntas irregularidades durante la gestión de Lastra.
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Las denuncias más gruesas, tal como lo registró este diario en su momento, se remontan a la llegada misma de Lastra a ese cargo en agosto de 2021, cuando asumió tras la salida de Blanca Liliana Ruiz, y echó para atrás varias de las decisiones que ella había emprendido durante los primeros diez meses de gestión, entre ellas, ponerle freno a los polémicos “contratos integrales”, considerados desde hace varios años como un foco de presunta corrupción por permitirles a los contratistas hacer múltiples tareas al mismo tiempo.
Durante los primeros meses de Lastra, este también recibió un llamado de atención de la Superintendencia de Servicios Públicos, que vio con preocupación cómo se habían deteriorado los indicadores en la prestación del servicio.
De acuerdo con ese ente, entre otros puntos, para mediados de 2022 la empresa estaba quedada en sus metas de reducción de pérdidas de energía, normalizar su cartera, y mejorar la potencia del servicio.
En medio de ese panorama, al que se suman problemas que persisten como la defectuosa infraestructura que Afinia heredó de Electricaribe y una cultura de pago en su zona de influencia problemática, EPM ha sido la que se ha tenido que meter la mano al bolsillo para que su filial se mantenga a flote.
En marzo de 2023 la empresa autorizó un contrato de crédito por $450.000 millones, en septiembre dio luz verde para una capitalización de $350.000 millones y luego otra capitalización de $250.000 millones en diciembre pasado, todo esto al tiempo en que proyectos como el de Hidroituango, la iniciativa de Quintero de “congelar” las tarifas de servicios públicos y las necesidades operativas de EPM han seguido demandando recursos.
Bajo esa óptica, la tarea del gerente John Jairo Granada no se proyecta fácil, no solo por sus líos en la región, sino por los efectos que podría tener en el Edificio Inteligente de EPM en Medellín.
