Un grupo de asaltantes interceptó y golpeó a María Rosmira Cano en una calle del barrio San Benito poco antes de llegar al inquilinato en el que tenía arrendada una pieza. En medio de la oscuridad de la noche, aturdida y con un pie maltrecho, esta adulta mayor fue avistada por una patrulla de la Policía, que por fortuna se dio cuenta de la situación y logró trasladarla de emergencia a la Clínica León XIII.
A pesar de ser estabilizada por personal médico, la hospitalización de esta mujer apenas sería el comienzo de un drama que hoy encarnan miles de adultos mayores en Medellín, muchos de ellos en abandono.
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Sin más acompañante que una cédula y los primeros síntomas de un Alzheimer, María Rosmira, recicladora que en los últimos años deambuló ganándose el sustento diario por los alrededores del Parque Lleras en El Poblado ya no recordaba gran parte de su pasado y no tenía contacto con ninguna de las personas que alguna vez conoció.
Buscando sacarla del limbo y dar con alguien que tal vez estuviese preocupado por su suerte, los médicos y enfermeras de esa clínica emprendieron una cruzada para dar con cualquier familiar o conocido, pero tan solo encontraron a un sacerdote de una parroquia en el corregimiento San Sebastián de Palmitas que recordaba haberla visto alguna vez en misa, pero que también quedó desconcertado al ser consultado sobre los familiares o conocidos de la mujer.
Sin nadie que pudiera tomar decisiones por María Rosmira, que desde el ataque quedó a la deriva internada en la clínica, desde esa institución contactaron a la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, que señaló no tener cupos disponibles en sus ya copados centros gerontológicos.
En este punto de la historia aparece José, un gerontólogo profesional y director de un hogar geriátrico que fue contactado por las trabajadoras sociales por el caso de María Rosmira. Al ver el estado de vulnerabilidad que presentaba ella y la soledad en que se encontraba, el profesional la trasladó para su centro geriátrico y a punta de rifas y benefactores logró cubrir sus gastos de manutención.
Sin embargo, no todos los pacientes que se encuentran en los hospitales han corrido con la misma suerte de encontrar un hogar.
Aunque no se tiene un censo actualizado que arroje un dato preciso, se sabe que de las 454.353 personas mayores de 60 años que habitan Medellín, casos como el de María Rosmira se han convertido en un problema en ascenso y que cada vez tiene más desbordada la reducida infraestructura de la ciudad.
Pese a los esfuerzos del Distrito por atender a un número más grande de adultos mayores –hoy se estima que por lo menos un tercio, es decir 120.000, hacen parte de los programas de bienestar de la Alcaldía– se calcula que en poco más de diez años esta población llegará a las 610.753 personas.
Como si fuera poco, y en medio de esa creciente demanda, la Alcaldía le busca salidas a una crisis heredada del cuatrienio pasado, cuando salieron a flote graves denuncias de fallas y presuntos malos tratos a adultos mayores en lugares como la Colonia Belencito.
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Desde abril de 2022, dichas denuncias cuestionaron no solo que esos programas de atención quedaran en manos de un operador que no tendría la idoneidad ni la experiencia requerida, sino también que en los pliegos de condiciones se habrían valido de presuntas maniobras para dejar a muchos competidores por fuera de licitaciones y beneficiar a un solo consorcio, al que le habrían estructurado los requisitos a su medida.
Además de los recursos públicos involucrados, dado que las licitaciones comprometían valores de por lo menos $13.632 millones, desde ese año comenzaron a conocerse historias de internados con padecimientos psiquiátricos que eran amarrados, tal como lo sostuvo el entonces concejal Luis Bernardo Vélez.
De igual forma, a mediados de 2022, la Personería de Medellín señaló que la lista de espera de adultos mayores para ingresar a los programas geriátricos del Distrito era de 234, la mayoría dispersos por hospitales y clínicas.
De regreso a 2024, Catalina María Arboleda, directora técnica de Amautta, programa de la Alcaldía encargado de la atención de las personas mayores de la Secretaría de Inclusión Social, señala que muchos adultos mayores continúan en lista de espera pese a los esfuerzos por incrementar las coberturas.
Contrario al caso de María Rosmira, un ejemplo adverso lo protagonizó una paciente que estuvo hasta dos meses internada en una clínica ubicada en el sur de Medellín, esperando a que se abriera un cupo en un hogar geriátrico financiado por el Estado.
Según el relato de un gerontólogo profesional, que pidió la reserva de su identidad, aquella mujer presentaba una discapacidad cognitiva y fue ingresada de urgencias a esa clínica por una infección. Los primeros días, los médicos y el personal notaron que el acudiente que la remitió dejó de asistir a las visitas para sus necesidades básicas, como llevarla al baño o asearla.
Ante esta alerta, el equipo activó los protocolos de trabajo social, pero la clínica informó que no tenía habitaciones disponibles, lo que la obligó a permanecer en urgencias. A pesar de recibir tratamiento, los días pasaron sin solución y el equipo administrativo empezó a contactar a las redes de Inclusión Social para encontrarle un espacio en un hogar especializado en pacientes psiquiátricos.
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Sin embargo, la lista de espera era larga, y “ella requería una infraestructura que la clínica no podía proporcionar, como muros de contención, cama con inmovilizaciones o medicamentos altamente concentrados para mantenerla en dopaje”, aseguró el gerontólogo.
Con el paso del tiempo, su comportamiento se deterioró. Se volvió agresiva, lo que aumentó la presión sobre la clínica para encontrar una solución. Durante el mes y medio que permaneció en urgencias, los auxiliares y enfermeras hicieron lo posible para mantenerla cómoda, incluso donando pañales y cubriendo sus necesidades más básicas, al no tener un familiar que supliera esta manutención. Al final, con reiterativas cartas de traslado a un hospital psiquiátrico, se le brindó la atención especializada que necesitaba.
De acuerdo con la Secretaría de Inclusión, en Medellín solo hay 15 centros de protección para la atención de estos adultos mayores más vulnerables, distribuidos en 9 comunas y administrados con recursos del presupuesto participativo y ordinarios, incluyendo la estampilla del Adulto Mayor. Allí atienden a las personas mayores en situaciones de riesgo, especialmente aquellas que carecen de una red de apoyo familiar o social.
Junto a este programa, “son más de 1.600 personas las que hoy reciben atención en nuestros Centros Vida”, afirma Arboleda Góez.
Los Centros Vida, que forman parte del programa de atención de la Alcaldía de Medellín, están diseñados para brindar apoyo a adultos mayores de 60 años, o de 55 en casos de extrema vulnerabilidad. Estos espacios ofrecen servicios de alimentación, con refrigerios sencillos y almuerzos, atención psicosocial y actividades físicas a través de acuerdos con el Inder. Además, hay profesionales como gerontólogos, psicólogos y trabajadores sociales, que intervienen en la atención integral de estas personas.
A esto, Arboleda mencionó que el foco de la Alcaldía está en sensibilizar a las familias para que sean cuidadores de adultos mayores bajo la ley 1850 de 2017, que establece obligaciones puntuales para las familias en la protección de las personas mayores, como el cuidado físico, psicológico y alimentario.
Además del fortalecimiento del programa, la ciudad también tiene el reto en los próximos años de reducir los tiempos de espera, para que no ocurran historias como la que cuenta José, director de un hogar geriátrico en Medellín.
El cuidador relata cómo uno de sus residentes, un hombre con VIH y que también sufre de síndrome de abstinencia por un pasado de consumo de drogas, pasó dos años esperando un cupo en un asilo de la Alcaldía.
Inicialmente, el programa municipal le prometió en septiembre de 2022 que en dos meses lo contactarían, pero esos dos meses se convirtieron en dos años sin respuesta. Durante ese tiempo, su madre, una mujer de 90 años, pedía constantemente ayuda a José para que su hijo se mantuviera ocupado en tareas dentro del hogar, mientras aguardaban la tan esperada plaza.
Finalmente, después de dos años de espera, el programa municipal se volvió a comunicar, pero solo para actualizar sus datos. Para entonces, el hombre ya no quería irse. Después de tanto tiempo sin recibir la ayuda prometida, perdió la confianza en el sistema.
Según testimonios de gerontólogos y trabajadores sociales, entre los hospitales donde se encuentran adultos mayores que no necesitan estar allí, pero, como tantos otros, no tienen a quién acudir, se han evidenciado la Clínica León XIII, el Hospital Pablo Tobón Uribe, el San Vicente Fundación y la Clínica de Las Vegas, entre muchos otros, hoy también bajo una presión de servicios.
