Los ánimos en las calles inmediatamente se crisparon y ahora abunda la incertidumbre. En la alcaldía responden que el plan de espacio público está en etapa de planeación y que lo que se ha hecho son algunas intervenciones que, por ahora, solo han sido de verificación para evaluar la situación de los puntos más críticos por cantidad de comercio informal.
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Pero el gremio dice estar a ciegas sobre las reales implicaciones que puede tener este plan para más de 36.000 venteros informales que, según cálculos de la Unión General de Trabajadores en la Economía Informal–UGTI–, tiene la ciudad actualmente, principalmente concentrados en el Centro.
Tampoco ha ayudado el hecho de que la Alcaldía no haya vinculado a la discusión a los voceros del comercio informal. Eso es lo que asegura el presidente de la UGTI, Guillermo Giraldo, quien además señala que los venteros informales recuerdan que los cuatro años de la primera alcaldía de Gutiérrez estuvo marcada por confrontaciones y persecución y temen que ahora su política de recuperación del espacio público sea mucho más severa.
Efectivamente durante el primer cuatrienio de Gutiérrez hubo varios desencuentros con los venteros informales. En 2017, por ejemplo, hubo manifestaciones de los venteros en rechazo a la renovación física del Centro que comenzó en mayo de ese año y que obligó al desalojo de cientos de ellos y a la posterior reubicación de otros.
El 6 de diciembre de 2019, a pocos días de finalizar la administración Gutiérrez, hubo otro choque –el que los comerciantes del Hueco más recuerdan–. Ese día los venteros salieron a protestar luego de que en plena madrugada la administración les hubiera removido decenas de chazas con las que esperaban aprovechar la temporada decembrina. La respuesta del Esmad fue violenta, tal como quedó registrado en imágenes de EL COLOMBIANO.
“Lo que le pedimos a la Alcaldía y lo que queremos evitar a toda costa es que las autoridades vuelvan a reprimir con violencia a los trabajadores, no queremos repetir esas imágenes y le pedimos al alcalde que nos convoque para que agotemos todos los recursos y encontremos soluciones para coexistir en el espacio público”, enfatiza Giraldo.
Lo dice porque, además, la problemática social ahora es doble, pues al final de la alcaldía Gutiérrez la ciudad tenía cerca de 17.000 venteros informales y tras los últimos cuatro años, por cuenta de varios factores incluyendo la pandemia, el aumento de la migración y la falta de control, esa cifra se duplicó.
La administración de Daniel Quintero también tuvo una gestión de luces y sombras en el tema del espacio público y los venteros informales. Por un lado, el gremio destaca que la alcaldía pasada destrabó, luego de once años, las resoluciones para carnetización de comerciantes que benefició a venteros con 10, 20 y más años de tradición y alto grado de vulnerabilidad, como adultos mayores. Pero, por otro lado, incluso los propios comerciantes cuestionan la masiva entrega de permisos de ocupación que adelantó la alcaldía, más de 9.000, que en muchos casos, denuncian, no cumplían las condiciones. Por eso terminaron ocurriendo casos, tal como lo señaló este medio en una nota reciente, en los que varias familias terminaron con hasta cuatro negocios en una sola cuadra y otras personas resultaron favorecidas con permisos para montar negocios con cuatro y cinco trabajadores, que más parecen almacenes al aire libre que puestos de trabajo informal.
Esto terminó agravando el déficit de espacio público, los problemas de convivencia, ruido, contaminación y seguridad en varios puntos como el Paseo Bolívar, donde no hay por dónde andar, pero también en Maturín y Junín.
Giraldo reconoce el desbordamiento del comercio informal en estos sectores, pero también plantea que no es con desalojos como va a solucionarse. Por eso pide que la alcaldía revalúe la decisión de suspender el proceso de carnetización de los comerciantes que cumplen con los requisitos. Y recordó que la Sentencia T-722/06 de la Corte Constitucional sigue vigente y en la misma se le exige a los alcaldes que antes de adelantar una acción de recuperación de espacio público debe mediar un análisis del contexto social del sector y otorgar tiempos de ley para que los venteros ejerzan su derecho a la defensa.
Por eso esperan que antes que el bolillo y el desalojo lleguen soluciones de fondo. Mencionan, por ejemplo, la necesidad de que la alcaldía los acompañe para que puedan acceder a los programas de economía popular que está promoviendo el Gobierno Nacional –como el acceso a créditos– y que establezca sus propios programas que incentiven la asociatividad, que ha mostrado buenos resultados en Parque de Berrío y la plazuela San Ignacio.
Lo cierto es que las decisiones que se tomen en este plan de recuperación del espacio público pueden repercutir en otros contextos. Una investigación de Lubin Torres para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia arrojó que la mayoría de los venteros informales residen en las comunas Popular, San Javier, Villa Hermosa, La Candelaria y Manrique. El 5,5% no tienen acceso a agua potable, más del 60% no cuentan con internet en sus hogares, el 64% viven en hacinamiento, el 80% ganan menos del mínimo y el 77% no tienen seguridad social.
