La muerte de 125 personas durante cuatro meses de protestas en Venezuela, así como la puesta en marcha de una Asamblea Nacional Constituyente sin haber consultado con la población, dejó incómoda a la Unión Europea.
El bloque comunitario de países aprobó sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que en resumen pretenden “favorecer” el diálogo entre el Gobierno y la oposición.
La primera consiste en prohibir la venta y abastecimiento de armas, municiones, vehículos y equipos militares y paramilitares. Esto, con el fin de hacer algo frente al uso excesivo de la fuerza.
A partir de ahora, los ciudadanos y empresas europeas tienen prohibido aportar asistencia técnica o servicios de corretaje, así como financiación o ayuda financiera, para actividades militares de este país.
También quedan vetados “los equipos susceptibles de ser utilizados para fines de represión interna”, así como a la tecnología que pueda usarse “para la vigilancia o la interceptación de internet y de las comunicaciones telefónicas”, dice la comunicación de la UE.
Personas señaladas de haber cometido “graves violaciones de los derechos humanos” o “actos de represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela” no podrán viajar a territorio europeo y tendrán sus activos congelados en ese bloque.
Según Félix Seijas, analista político y estadístico venezolano, para su país es importante la compra de armas y de instrumentos de represión durante las jornadas de protesta de la oposición. Además, en medio de una crisis económica y política, en la que más de una vez se ha mencionado la posibilidad de un golpe de Estado o de una intervención internacional, tener una infraestructura moderna de defensa es crucial.
Aun así, afirma, el Gobierno no le prestará atención a estas medidas, que son más bien “un golpe de opinión para el madurismo, con posibilidades de generar cierta presión”. De hecho, dice que ese régimen no torcerá el camino que tiene trazado por cuenta del sacudón de la UE.
Su estrategia de frenar y debilitar internamente a la oposición va a continuar. Esto, sobre todo, con miras a las elecciones presidenciales venezolanas, que si bien están presupuestadas para diciembre de 2018, podrían adelantarse para febrero del próximo año. “Seguirán sembrando la desconfianza para desactivar el voto opositor el próximo año”, advierte el experto, y añade que si eso se combina con la ya existente desconfianza entre los opositores, la situación tiende a agravarse.
A raíz de las acciones de la Asamblea Nacional Constituyente, Estados Unidos y Canadá ya habían aprobado sanciones financieras contra funcionarios del Gobierno venezolano.
Aunque las medidas no buscaban afectar a la población general, la congelación de cuentas de Maduro, por ejemplo, y el reproche social a sus acciones, tienen un peso tremendo en la comunidad internacional. “Washington solo hace esto en raras excepciones, de manera que puso a Venezuela en la clase de dictaduras más brutales de la historia moderna”, alerta Cristopher Sabatini, experto en América Latina de la Universidad de Columbia.
De acuerdo con el experto, ahora también para la UE es más que claro en su país que Maduro es “incompetente” y no tiene ninguna tolerancia por la democracia ni por la independencia de poderes.
Si la situación no cambia de esta forma, el país corre el riesgo de ser castigado con el embargo petrolero, ya que EE. UU. es el primer destino de las exportaciones petroleras de Venezuela, o con el embargo financiero, que le cerraría la posibilidad de hacer cualquier tipo de transacción cambiaría, con el peligro de un contagio en los mercados financieros mundiales. En cualquiera de estos dos casos, la sociedad sería la más impactada.
