El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, solicitó al fiscal general de ese país, medidas de protección en favor de la periodista Osmary Hernández, corresponsal de CNN en español en Venezuela.
La medida, argumenta el sindicato, debe tomarse en virtud de los señalamientos que a través de su cuenta de twitter y una rueda de prensa, hizo el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, acusando a la comunicadora de hacer parte de una campaña criminal y terrorista contra el país.
Para la organización sindical, la corresponsal de la cadena podría ser “objeto de agresiones y/o otros hechos de violencia mucho más lamentables, luego de que fuese innecesariamente expuesta por un alto funcionario público en medios de circulación de alcance nacional, creando así una situación de “altísimo riesgo”.
Los antecedentes
Los hechos se desencadenaron a raíz de una información que la cadena noticiosa había difundido el pasado jueves en la que hablaba de conatos de saqueo en la ciudad de Maracay, capital del estado de Aragua. Información que horas después la cadena rectificó y se disculpó por lo que señaló como un error humano en la interpretación de los hechos y que llevaron a poner en pantalla un texto equivocado.
Al día siguiente la cadena señaló en una comunicación que “el jueves en el programa Encuentro pusimos al aire un texto equivocado que hablaba de conato de saqueos en la ciudad de Maracay. CNN no tiene información de que este jueves se produjera ningún saqueo en establecimientos en Venezuela. Fue un error que tenemos que reconocer”.
Pese a la rectificación, ese mismo viernes el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ordenó abrir una investigación contra el canal, al que calificó como terrorista. Se trata de un procedimiento administrativo sancionatorio, según reveló la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
