El régimen de Nicolás Maduro le apuesta a debilitar las universidades venezolanas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de corte oficialista, ordenó celebrar elecciones a rector en la Universidad Central de Venezuela, una de las principales instituciones de educación superior pública del país, y dio un plazo de seis meses para que se modifiquen las autoridades en el resto de casas de estudio.
Pareciera un cambio rutinario de autoridades de la educación, pero es más que eso: significa que las universidades podrían dejar de estar regidas por rectores críticos del régimen de Maduro y abre la puerta a que esos cargos lleguen a simpatizantes del oficialismo. Un giro total teniendo en cuenta la firme resistencia del sector educativo al oficialismo.
Para la muestra, una serie de datos: fue dentro de las universidades que surgió el movimiento estudiantil opositor de 2007, el mismo del que salieron Leopoldo López y el presidente interino Juan Guaidó; estas instituciones son centros de protesta en contra del régimen, los profesores siguen dando clase a pesar de que en algunas como la Universidad de Zulia no hay luz y sus líderes estudiantiles son férreos activistas que piden la democracia para el país.
Casos como el de Gabriel Cabrera (Presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho de Venezuela), Marlon Díaz (Presidente de la Federación de Centros Universitarios) o Rafaela Requesens, quien también fue presidente de la Federación entre 2017 y 2019, demuestran cómo los activismos que comienzan en las aulas terminan en la calle, liderando movilizaciones, y hasta en encuentros con la Organización de Estados Americanos y otras instancias internacionales.
Sin ir muy lejos, el diputado de la Asamblea Nacional opositora –la misma que preside Guaidó y que es reconocida como legítima por cerca de 60 países– Juan Requesens, salió del movimiento estudiantil. Requsens hoy es uno de los 501 presos políticos que enlista la organización Foro Penal y lleva 386 días privado de su libertad en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Las universidades incomodan al régimen y con la medida del TSJ el oficialismo efectúa una acción más para silenciarlas que se suma a la represión contra estudiantes y profesores, quienes incluso han sido privados de su libertad por su ejercicio académico, como es el caso del profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara, quien fue prisionero del régimen después de investigar cómo sería la transición en Venezuela desde el punto de vista económico.
El rechazo de la academia a las elecciones en las universidades
Aula Abierta, organización de Venezuela que propende por el cumplimiento de los derechos en las universidades, enfatizó que la sentencia del TSJ “representa uno de los episodios más graves de la política de Estado contra la autonomía universitaria y la libertad académica, desnaturalizando el claustro universitario”. Para esta ONG la medida crea de una “forma inconstitucional un nuevo procedimiento de elecciones de autoridades de las universidades nacionales”.
Su director, David Gómez Gamboa, ha denunciado en las páginas de EL COLOMBIANO la criminalización del pensamiento crítico, los ataques a la libertad académica y la autonomía universitaria por parte del oficialismo. Una denuncia que Aula Abierta ha llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas.
Como lo indicó la organización, la academia de Venezuela está ante uno de los mayores ataques al sector educativo. Si bien el TSJ abre la puerta a que se den elecciones para elegir los futuros rectores, se trata de un país en el que los comicios organizados por el oficialismo han sido cuestionados, como los presidenciales de mayo en 2018 en la que habría resultado como ganador Nicolás Maduro.
El líder estudiantil Gabriel Cabrera comenta que desde 2009 los procedimientos de elección fueron cambiados bajo la administración de Hugo Chávez, pero ahora, con la modificación que hace el TSJ, no se reserva a la comunidad académica la elección de sus rectores. Es decir, el personal administrativo y el personal obrero también podrá votar. “Es una supuesta democratización que esconde un interés político en la escogencia de las autoridades”, afirma.
Y sentencia: “El TSJ nos está constriñendo a realizar las elecciones sin mediar palabra en un lapso no mayor a seis meses, sin considerar los calendarios académicos de las universidades y menos los electorales”. Además, eliminó artículos de la ley de universidades, que, a juicio de Cabrera, “crea una nueva forma de elección sectorial para votar a las autoridades”.
En 2011, cuando se habían escogido la mayoría de los rectores, hubo una sentencia del TSJ que prohibió hacer elecciones a rector. Desde entonces líderes estudiantiles y de profesores reclamaron la importancia de renovar las autoridades académicas. Ahora, nueve años después y de manera repentina, piden una renovación política en los claustros académicos.
