Los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua se van con toda en contra de las organizaciones no gubernamentales, en el país sudamericano a través de leyes para fiscalizarlas y en la nación centroamericana han ordenado el cierre de estas. La Organización de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ordenó en un solo día el cierre de 1.500 oenegés, siendo este el mayor cierre de estas entidades desde el año 2018.
La explicación que da el gobierno de este país es que estas organizaciones no habían reportado estados financieros por períodos que van desde uno hasta 35 años.
Lea también: Gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre de 1.500 oenegés en Nicaragua, la mayoría religiosas
Dentro de las entidades clausuradas por el régimen nicaragüense hay organizaciones religiosas, además de defensoras de diversidad sexual, instituciones sin ánimo de lucro dedicadas a fines educativos y sociales y entidades de militares retirados.
Clubes de ajedrez, asociaciones de pequeños comerciantes, de jubilados y hasta la Cruz Roja de Nicaragua hacen parte de la lista de oenegés cerradas por el régimen.
Con esta medida se llega a 5.200 organizaciones no gubernamentales anuladas por el gobierno de Ortega desde el año 2018, cuando empezaron las protestas en contra del régimen sandinista.
Esto ha ido de la mano con las denuncias que hay de parte de organismos internacionales, quienes indican que en Nicaragua las protestas han dejado más de 350 muertos, además de la expulsión del territorio a 300 políticos, periodista y activistas, a quienes acusaron de traición.
Situación similar vive Venezuela, quien vive una tensión social luego de los comicios celebrados el pasado 28 de julio, en donde se han presentado 23 muertos y más de dos mil retenciones domiciliarias.
En medio de esa represión, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó una ley para fiscalizar a las oenegés del país sudamericano.
La llamada “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” aprobada por el parlamento venezolano, busca que este tipo de entidades declaren si su financiamiento es realizado a través de personas naturales o jurídicas extranjeras.
En esa misma ley se estableció que se prohibirá la inscripción a aquellas que se consideren que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnico, religioso, político, sociales, ideológico, de género”.
Sobre la situación de los dos países ya ha habido pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas, uno de ellos fue la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.
“El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, expresó la Oficina a través de un comunicado.
Respecto al caso venezolano, la relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, calificó las leyes aprobadas por el parlamento venezolano como “terrorismo de Estado” y se solidarizó con las oenegés que están en este país.
