Los venezolanos se preparan para ir a las urnas el 6 de diciembre y desde ya se prevé una tormenta electoral. En estos comicios se elegirá a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, que reemplazará al legislativo actual, liderado por Juan Guaidó, y la otra facción de esta al mando del oficialista Luis Parra.
A pesar de la pandemia, de un incendio que en marzo dañó los equipos de voto electrónico y de las dudas de algunos partidos, en la noche del martes el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó las nuevas normas para esos comicios.
Esas condiciones incluyen implementar una mezcla de votaciones por lista cerrada y nominales, por diputado, en una misma jornada, y la creación de nuevas curules, pasando de 167 a 277, un número de asientos que ni siquiera tiene la sede del Palacio Federal Legislativo. El problema es que la oposición liderada por políticos como Guaidó, Antonio Ledezma y María Corina Machado, entre otros, ya anunciaron que rechazarán esa jornada, argumentando que no hay garantías.
Hay varios motivos. Primero, la autoridad electoral. El CNE fue elegido a dedo en junio por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una corte liderada por magistrados oficialistas, cuando según la Constitución la designación debe decantar de un proceso participativo con la sociedad civil y las universidades. Segundo, de los cinco rectores del CNE, solo uno está calificado como opositor, Rafael Simón Jiménez, pero este mismo es rechazado por el resto de ese grupo.
Con esas condiciones, la oposición se hizo a un lado de las elecciones. Sin embargo, “el problema no es que decidan participar o no, sino que hay una falta de credibilidad en los rectores. El gobierno de Nicolás Maduro también está intentando definir cuál es su propio contrapeso usando a los partidos de La Mesita, un grupo de pequeñas colectividades que accedieron a negociar con el Ejecutivo, paralelo a los diálogos que lideraba Guaidó”, afirma Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la U. Católica Andrés Bello.
Así, aunque la oposición mayoritaria de la Asamblea Nacional y de políticos en el exilio no estará, sí pueden aparecer supuestos contrincantes del oficialismo en el camino que, al final, “tienen los mismos intereses de Maduro y terminan haciendo parte de su sistema”, según Alarcón.
¿El CNE se pasó de la raya?
Súmate es una organización no gubernamental para el control ciudadano de asuntos electorales. Su director, Francisco Castro, enfatiza en que “hay modificaciones al sistema en las que el CNE se extralimita de las indicaciones que recibió del TSJ, como la de aumentar el número de escaños a elegir”.
Además, crearon una lista nueva de 48 diputados que hará parte de un formato de adjudicación nacional. Esta va en contravía del sistema tradicional de representación por estados que ha tenido Venezuela en los comicios legislativos. Según Castro esa medida “no va a resolver los problemas de subrepresentación que tiene el país y mucho menos está claro cómo será la elección de esas curules”.
Precisamente, ese es otro interrogante común que plantean los analistas consultados para este artículo: no hay claridad sobre cómo funcionarán las elecciones. Ni en los asuntos procedimentales, por las dudas sobre el avance de la pandemia en el país ni tampoco en cuestiones técnicas, por el incendio que en marzo dañó los equipos de voto electrónico y por estas modificaciones a la elección.
Opositores, fuera de carrera
Algunos partidos de oposición están debilitados. Contra Voluntad Popular, la colectividad de Guaidó y Leopoldo López, el Ministerio Público emprendió un proceso judicial para declararlos como grupo terrorista, argumentando su presunta participación en la fallida incursión de milicianos en el país: la Operación Gedeón de comienzos de mayo.
De igual manera, otras colectividades están fuera de competencia, por lo menos tal y como se les había conocido antes. Las juntas directivas de Acción Democrática y Primero Justicia, esta última que estuvo a punto de ganar la presidencia en 2014 con Henrique Capriles, fueron suspendidas por el TSJ en junio. Esto se traduce en que los dirigentes opositores perdieron el poder sobre sus personerías jurídicas, que ahora cuentan con juntas ad hoc que el mismo TSJ nombró.
El politólogo de la U. Central, Carlos Romero, planteó un interrogante: ¿los venezolanos van a querer votar? La respuesta: “Hay medidas, como la creación de listas nominales y cerradas, que adelantan que va a haber una manipulación del proceso electoral. Por eso crece la desconfianza y la gente no quiere votar”. Faltan menos de seis meses para que Venezuela renueve su Asamblea, y desde ya el camino es incierto, con una carrera política que puede ahondar más los choques entre el oficialismo y la oposición, la cual comienza a quedarse sin rutas de salida a la crisis
