Organizaciones de derechos humanos encendieron las alarmas sobre Venezuela, en lo que ellos llaman una “crisis represiva”, afirman que el país posee actualmente la cifra de presos políticos más alta en el continente.
Según el último conteo de la ONG Foro Penal, 1.976 personas están privadas de su libertad en el país por motivos políticos, cifra que triplica el promedio en la región y supera incluso los registros de dictaduras de décadas pasadas.
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“Estamos ante una cifra sin precedentes en el continente. Venezuela tiene más presos políticos que cualquier otro país en América”, declaró Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, y agregó que antes de las elecciones del 28 de julio, en las que fue reelecto Maduro, solo se contaban 305 detenidos de este tipo.
Ahora, con la crisis poselectoral y el incremento de la represión, el número se multiplicó por seis, convirtiendo a Venezuela en el foco de las mayores denuncias de derechos humanos en el hemisferio.
Las protestas que estallaron el 29 de julio, un día después de los polémicos resultados electorales, detonaron esta ola de detenciones que ha afectado no solo a adultos, sino también a adolescentes y personas con discapacidad.
Algunos de los casos son más preocupantes, como el de un joven de 17 años con autismo, arrestado y sacado de su propio hogar sin razón aparente. “Tenemos a personas con discapacidades severas, sin medios para comunicarse ni defenderse, que ahora son considerados presos políticos”, afirmó el vicepresidente de Foro Penal.
A esta situación se suman múltiples violaciones al debido proceso. La mayoría de los detenidos han sido forzados a recibir defensores asignados por el gobierno, en lugar de permitirles elegir a sus propios abogados, y sus familias denuncian que los presos no tienen acceso a visitas ni atención médica adecuada.
Las detenciones no solo han sido numerosas, sino también violentas. Las personas detenidas después de las elecciones se encuentran en su mayoría recluidas en cárceles de máxima seguridad, como Tocorón y Tocuyito, lugares conocidos por sus condiciones infrahumanas y la falta de atención médica básica.
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Uno de los casos que más ha impactado a la opinión pública es el de Jesús Manuel Martínez, un activista que murió tras ser detenido luego de las elecciones. Según la oposición, Martínez murió en prisión debido a la negligencia médica.
Diagnosticado con diabetes, su condición se deterioró rápidamente debido a la falta de atención y las condiciones carcelarias, lo que derivó en una necrosis en una pierna que tuvo que ser amputada. “Otra víctima más del régimen de Maduro, que nos sigue sumiendo en el luto”, expresó Eduardo Batistini, un dirigente opositor, en redes sociales.
La activista Elisa Trotta también se pronunció tras la muerte de Martínez, afirmando que el caso refleja “el brutal terrorismo de Estado en Venezuela”. Para ella, esta cifra récord de presos políticos demuestra que el régimen no solo castiga la disidencia, sino que utiliza la represión como herramienta de control para infundir miedo entre quienes exigen un cambio.
Frente a estas denuncias, Nicolás Maduro indicó esta semana que se revisarán los casos de los presos, sugiriendo que algunos podrían ser liberados si hay “algún caso que rectificar y revisar”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos desconfían de estas promesas, y señalan que se trata de una estrategia para aliviar la presión internacional, sin que ello implique un verdadero cambio en la política represiva del país.
La situación en Venezuela, dicen los defensores de derechos humanos, no solo afecta a quienes están tras las rejas, sino que envía un mensaje de miedo a quienes en el país aún mantienen viva la esperanza de una Venezuela libre.
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