La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el pasado lunes un fallo en el que le otorga inmunidad al expresidente Donald Trump, pero esta inmunidad es parcial y condicionada.
La decisión establece que Trump tiene inmunidad absoluta contra el procesamiento penal por actos oficiales durante su presidencia, pero carece de inmunidad en el caso de acciones no oficiales. La resolución fue adoptada con una mayoría de 6 votos a favor y 3 en contra, en un tribunal predominantemente conservador.
El fallo, según expertos jurídicos, probablemente provocará retrasos en los juicios pendientes contra Trump e incluso podría llevar a la anulación total de algunos casos. Trump celebró la decisión en su red social Truth Social, calificándola como una “gran victoria para nuestra Constitución y democracia”.
Los abogados del expresidente ya están utilizando este fallo como argumento para anular la condena en el caso penal por falsificación de documentos relacionado con el pago a la exestrella porno Stormy Daniels. Pues la firma de los registros ocurrieron durante su mandato en 2017. Tras el fallo de la Corte Suprema, los abogados de Trump solicitaron al juez que anule este veredicto, argumentando que los actos en cuestión ocurrieron durante su mandato y deberían estar protegidos por la inmunidad.
Este fallo tiene implicaciones profundas no solo para los casos actuales de Trump, sino también para la jurisprudencia futura respecto a la inmunidad de los expresidentes. En concreto, el tribunal concluyó que un presidente tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales, excluyendo aquellos que no se consideran oficiales.
La decisión llega en un momento crítico, ya que Trump enfrenta múltiples juicios, incluido el recientemente dictado en Nueva York donde ya fue declarado culpable por falsificación contable agravada.
El impacto de este fallo también se extiende a otros casos. En Georgia, Trump está siendo procesado junto con otras 14 personas bajo una ley estatal de crimen organizado. En este caso, Trump presionó a funcionarios electorales para que encontraran 11.780 votos, el número exacto que necesitaba para revertir la victoria de Biden. El procedimiento está suspendido hasta el próximo año, mientras los acusados esperan retirar a la fiscal del caso por un presunto conflicto de intereses.
Otro caso federal acusa a Trump y dos de sus asistentes personales de negligencia en el manejo de documentos gubernamentales confidenciales tras su salida de la Casa Blanca. Se le acusa de haber puesto en peligro la seguridad nacional al conservar estos documentos en su mansión en Florida, en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales, como exige la ley.
Por ahora, los expertos jurídicos que siguen el caso, prevén “meses y meses de retraso”, afirmó la jurista Asha Rangappa, debido a las tácticas dilatorias de la defensa. La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, ya pospuso indefinidamente el juicio y ha demostrado ser “increíblemente comprensiva” con el expresidente, facilitando aún más los retrasos en los procedimientos, afirma Rangappa.
El reciente fallo de la Corte Suprema proporciona a Donald Trump una herramienta poderosa para retrasar o posiblemente anular varios juicios en su contra, lo que podría darle una ventaja en la actual campaña por la Casa Blanca, y que, además, marcaría un precedente significativo en la interpretación de la inmunidad presidencial en Estados Unidos.
