En medio de una nueva polémica, Donald Trump lanzó otra de sus llamativas propuestas de campaña: la deportación masiva de inmigrantes indocumentados si vuelve a la presidencia de Estados Unidos.
La idea de Trump no es nueva, pero en esta ocasión, su equipo dio una cifra concreta. JD Vance, su fórmula vicepresidencial, mencionó en una entrevista con la cadena ABC que deportarían “al menos a un millón de personas” en el primer año.
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“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló, y nosotros podemos empezar a trabajar”, dijo Vance, refiriéndose a la actual administración demócrata.
El lema de la campaña de Trump es claro “¡Deportaciones masivas, ahora!”. Una idea ambiciosa que los expertos señalan que sería una tarea monumental por el número de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.
Actualmente, se cree que hay 11 millones de inmigrantes sin estatus legal en el país. Muchos de ellos llevan más de una década en Estados Unidos, lo que significa que están integrados en sus comunidades, tienen familias, trabajos y vidas establecidas.
La logística para encontrar, detener, procesar y deportar a un millón de personas sería gigantesca, por no decir costosa. Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración, asegura que “lograr esta meta requeriría una inversión masiva de recursos que no existen en este momento”. Según el experto, el costo de una operación de esta magnitud superaría fácilmente los 100 mil millones de dólares, solo en el primer año.
Otro problema que enfrenta la propuesta de Trump es el sistema judicial de inmigración. Según la ley estadounidense, las personas indocumentadas tienen derecho al debido proceso antes de ser deportadas, lo que incluye una audiencia judicial. Actualmente, el sistema ya está saturado, con retrasos que pueden tardar años en resolverse.
Un obstáculo adicional para Trump es la resistencia de las llamadas “ciudades santuario”, jurisdicciones que han adoptado políticas para limitar la cooperación entre las autoridades locales. Muchas de las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Los Ángeles y Chicago, han aprobado leyes que protegen a los inmigrantes indocumentados, evitando que la policía local colabore en su detención y deportación.
Trump ya ha prometido tomar acciones contra estas ciudades si vuelve al poder, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales hace que la situación sea complicada. “Si las autoridades locales no colaboran, el ICE tendría que ir a buscar a las personas a las calles, lo que hace mucho más difícil y peligroso el proceso de deportación”, señala uno de los expertos.
La promesa de Trump de deportar a un millón de inmigrantes en su primer año parece entusiasmar a su base política, pero la realidad es que cumplir con esa promesa requeriría una inversión masiva de recursos y una expansión sin precedentes del sistema judicial que podría extenderse por años.
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