Las elecciones celebradas el pasado 28 de julio en las que el Consejo Nacional Electoral dio por ganador a Maduro sin hacer públicos los resultados de las mesas escrutadas, han sido catalogadas como fraude por parte de la oposición y de los gobiernos de otros países.
El TSJ era el ente encargado de auditar dichos resultados y contrastar las actas presentas por el CNE una semana después de las elecciones, con las entregadas por la oposición un día después.
“Esta sala declara en base al peritaje realizado, y con fundamento en el informe elaborado por los expertos nacionales e internacionales, de forma inobjetable, la validez del material electoral peritado y convalida los resultados de la elección presidencial”, dijo la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, y también afirmó que hubo un “ataque cibernético contra el sistema electoral”.
La teoría del “ataque cibernético” la ha usado el régimen de Maduro desde el día después de las elecciones, para justificar el hecho de no haber presentado los porcentajes del escrutinio el mismo día de la jornada electoral. Dicho ataque ha sido desmentido por organizaciones como el Centro Carter y expertos en el sistema electoral.
“Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular”, dijo Edmundo González poco antes del pronunciamiento del TSJ. “El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis”, señaló.
Además de la oposición, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunció y confirmó la falta de imparcialidad e independencia que teienen organismos como el TSJ y el CNE, ambos bajo control del chavismo.
