El activista anticapitalista español Enric Durán, apodado “Robin Hood de los Bancos”, fue imputado y puesto en prisión preventiva en junio en Francia por un caso de blanqueo de criptomonedas, supo el miércoles AFP por una fuente cercana al proceso.
Durán, de 48 años, oriundo de Barcelona, es sospechoso de haber participado, entre agosto de 2021 y junio de 2024, en una estafa articulada por una banda organizada mediante la venta de criptomonedas a cambio de euros para un cliente que se hacía pasar por gerente de una web de muebles.
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El viernes comparecerá ante un juez de instrucción del tribunal de Nanterre, al noroeste de París, donde se instruye el caso, y el lunes solicitará su puesta en libertad.
El activista español insiste en que en ningún momento tuvo conocimiento de que el dinero de su cliente, detenido también junto a dos de sus supuestos cómplices, procedía de un negocio ilegal y servía para el blanqueo.
“No se puede penar una actividad (...) cuando hay pruebas de que no tuve ninguna intención de colaborar con ninguna trama fraudulenta”, aseguró en un texto difundido por su abogada, Laura Ben Kemoun.
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“Con la experiencia del interrogatorio, alguien puede creer que la policía francesa estaba más interesada en encontrar una razón para inculparme que en la verdad”, indicó Durán, añadiendo que la policía se negó a leer los intercambios que mantuvo con su presunto cliente.
Durán se dio a conocer en septiembre de 2008, cuando anunció haber “robado” a 39 bancos un total de 492.000 euros (548.000 dólares actuales) obteniendo una serie de créditos personales gracias a nóminas de sueldo falsificadas.
En aquel momento, describió los hechos como una “nueva forma de desobediencia civil”. El activista fue detenido en Barcelona en marzo de 2009 tras regresar del extranjero y fue liberado unos meses más tarde. Desde entonces, se negó reiteradamente a presentarse ante la justicia española.
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Según su abogada, Durán se especializó hace varios años en la conversión de monedas en criptomonedas como alternativa al monopolio de los bancos. En este sentido, denuncia la falta de claridad jurídica en torno a la compraventa de activos digitales entre particulares.
“Este caso debe hacer que todos prestemos atención a cómo la justicia francesa está criminalizando el comercio P2P [entre particulares] de criptomoneda, que es una actividad legal, pero no regulada”, denunció en su texto.
