El 24 de septiembre de 2019, Donald Trump se paró por tercera vez en el atril de las Naciones Unidas. Sus palabras resonaron ante la mirada de los líderes mundiales: “El futuro no es de los globalistas, es de los patriotas”, pronunció mientras destacaba resultados de sus políticas migratorias, como “la protección de nuestras fronteras y la reducción de delitos”.
Pero organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado que las políticas del mandatario, que aspira a la reelección, recurren, incluso, a “métodos de tortura”. Desde Ciudad de México, su directora de Investigación para las Américas, Carolina Jiménez, conversó con EL COLOMBIANO sobre el balance de cuatro años de Administración Trump para los extranjeros, solicitantes de asilo y refugio.
Trump quiere ser presidente de nuevo, ¿qué dice de él su gestión de la migración?
“Hacer una evaluación de lo que han sido estos cuatro años de la Administración Trump en términos, tanto de derechos humanos de personas migrantes, como de personas refugiadas, es un ejercicio triste en el sentido de lo que hemos observado, un retroceso profundo en los avances que se habían hecho a lo largo de estas décadas para poder proteger mucho más a personas que por su naturaleza están en una situación muy vulnerable”.
Pero asuntos como los centros de detención a migrantes no empezaron con él...
“Es cierto que en años anteriores ha habido acciones muy reprochables, contrarias al propio Derecho Internacional, de parte del presidente Barack Obama y antes de él, del presidente George Bush, pero yo creo que nunca se había visto un ataque tan directo a un principio fundamental de los derechos humanos como es permitir que una persona busque asilo y refugio en otro territorio”.
¿Y eso cómo se ha materializado en este mandato?
“Ha habido un desmantelamiento del sistema de protección de refugiados, cuando EE. UU. había avanzado mucho en ese terreno, por ejemplo, permitiendo anualmente la llegada de muchos refugiados, usualmente de Siria pero también de otros países, a través de programas de reasentamiento. Se ha reducido gradualmente el número máximo de personas admitidas y acaban de anunciar que serán solamente 15.000 para 2021. Es un récord histórico pasar de hasta 75.000 personas reasentadas por año, antes de la llegada de Trump, a esa cifra”.
Y cada cifra representa una historia de vida...
“Claro. Ha habido un ataque decidido a las familias migrantes. Ya habíamos visto en la época Obama algunos precedentes muy preocupantes, por ejemplo, la detención migratoria de familias, algo a lo que muchas organizaciones de derechos humanos nos hemos opuesto. Pero la política de separación familiar fue mucho más allá. Es una política que intencionalmente se diseñó para infligir un daño en las familias al separar padres de hijos y de esa manera desincentivar que otras familias pudiesen llegar al territorio estadounidense. Como consecuencia de esto, dos años después hay 545 niños que no saben dónde están sus papás y quiero que quien lea esta entrevista piense en sus propios hijos. Son 545 niños que probablemente van a tener un impacto psicológico que no se borra de la noche a la mañana y luego la Administración no tiene la capacidad de reunificarlos con sus papás. Esto fue catalogado con mucha responsabilidad por Amnistía Internacional como una forma de tortura”.
Y Centroamérica está quedando en la mitad de todo...
“Sí. Y ahí hay una corresponsabilidad de países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, que empezaron a suscribir acuerdos migratorios que son también contrarios a estándares internacionales, como los llamados acuerdos de Tercer País Seguro, donde una persona salvadoreña se ve obligada, por ejemplo, a solicitar asilo en Guatemala porque no le dejan llegar a Estados Unidos; o el famoso tratado infame con México de Remain in Mexico, un protocolo de atención migratoria que se implementa desde el año pasado, que obliga a los solicitantes de asilo de EE.UU. a esperar la respuesta de su solicitud en México”.
