El destituido presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su gobierno buscados por la justicia española a raíz de la declaración de independencia se entregaron ayer a las autoridades de Bélgica, donde se encontraban desde hacía una semana.
“Teníamos contactos regulares con los abogados de las cinco personas y habíamos convenido una cita en la comisaría” de la policía federal, explicó Gilles Dejemeppe, portavoz de la fiscalía en Bruselas.
Desde allí fueron trasladados al edificio de la fiscalía “rodeados de agentes en furgones de la policía”, precisó.
Los cinco comparecieron durante la tarde ante un juez de instrucción belga, que al finalizar la audiencia los dejó en libertad bajo medidas cautelares.
El ex primer ministro socialista belga Elio Di Rupo afirmó en Twitter que le “chocaría mucho si la justicia belga manda a prisión” a Puigdemont, pese a que se opone a la política del líder independentista catalán.
Cataluña, región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes y un 19 % del PIB nacional, celebró el 1 de octubre un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia española.
La consulta, realizada sin las garantías exigidas y marcada por violentas cargas policiales, atrajo casi exclusivamente a los partidarios de la separación: con una participación de 43 %, el ‘sí’ a la independencia obtuvo 90 % de los votos.
Apoyándose en ese resultado, el parlamento catalán aprobó el 27 de octubre una declaración unilateral de independencia, a raíz de la cual la justicia española abrió investigaciones contra los responsables del legislativo y del ejecutivo regional.
Ocho de los 14 miembros del gobierno de Puigdemont, que comparecieron ante la justicia en Madrid investigados por “rebelión”, “sedición” y “malversación”, fueron encarcelados. Otro, que había dimitido oponiéndose a una declaración unilateral, quedó en libertad bajo fianza.
La misma jueza emitió el viernes pasado órdenes europeas de busca y captura contra Puigdemont y los cuatro consejeros restantes, que habían viajado a Bruselas en busca de “seguridad”.
Preparados para cooperar
Ayer, los manifestantes volvieron a salir a las calles de Cataluña para pedir la liberación de estos “presos políticos”.
En Barcelona, centenares de personas se congregaron en la céntrica Plaza Universidad, al grito de “¡Libertad!”, según la policía municipal.
Puigdemont había asegurado el sábado en Twitter que estaban “preparados para cooperar plenamente con la Justicia belga”.
Su entrega responde a un deseo “de no huir de la justicia sino de defenderse en un proceso justo e imparcial, posible en Bélgica, altamente dudoso en España”, afirmó desde Barcelona un portavoz de su partido, el conservador PDeCAT.
“Voy a ir a la justicia, pero a la verdadera justicia”, había dicho Puigdemont en una entrevista con la televisión belga RTBF, asegurando que en Madrid no existen garantías de “tener una sentencia justa, independiente, que pueda escapar a esta enorme presión, a esta enorme influencia de la política sobre el poder judicial en España”.
Se abre ahora un procedimiento que será probablemente largo: Puigdemont y su abogado ya anunciaron su intención de recurrir.
Según la ley, la decisión sobre la ejecución de una orden de detención europea debe tomarse en el plazo de 60 días tras concretarse ésta. Pero si se agotan todos los recursos, el procedimiento puede llevar hasta tres meses.
Pocos rechazos
“Las autoridades judiciales belgas podrían rechazar la entrega de Puigdemont si existen riesgos comprobados y serios para los derechos fundamentales si es entregado a España, y si las autoridades judiciales belgas consideran que los hechos que se reprochan a Puigdemont no son infracciones penales en el derecho belga”, explica Anne Weyembergh, presidenta del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas (ULB).
Sin embargo, según varios abogados, los casos de rechazo son pocos.
De los tres delitos por los que la justicia española busca a Puigdemont y sus consejeros, los de “rebelión” y “sedición” no existen como tales en el Derecho belga.
Puigdemont, que se sigue reivindicando como presidente del “gobierno legítimo” de Cataluña, se declaró dispuesto a presentarse a las elecciones regionales convocadas en Cataluña para el 21 de diciembre.
Recibió el apoyo de su partido, que insiste en que los independentistas se presenten unidos en una coalición, aunque las reticencias de su exsocio de gobierno ERC (izquierda republicana) hacen esta posibilidad improbable.
Dos sondeos publicados ayer muestran que el PDeCAT solo retrocedería en las urnas, mientras que ERC se convertiría en la primera fuerza política catalana. El retroceso de los conservadores y del pequeño partido anticapitalista CUP harían que los independentistas perdiesen la mayoría absoluta en el parlamento.
43 %
de los catalanes votaron en el referendo independentista, en el que ganó el sí con el 90 %.
