Contrario a su voluntad, pero como medida para evitar el abuso policial que a diario se vive en las fabelas de Río de Janeiro (Brasil), por parte de las tropas élite encargadas de combatir el narcotráfico, los agentes de la Policía Militar deberán empezar a usar cámaras en sus uniformes y como equipamiento en sus operativos de rutina.
La decisión de dotar a la Tropa Élite (la misma que inspiró la película Tropa Élite en 2007) fue ordenada por el Tribunal Supremo de Brasil para rebajar los índices de agresiones y letalidad de estos agentes (una de las mayores de América Latina), y que según relatan habitantes de las favelas a medios locales “primero disparan y después preguntan por el muerto”.
La orden del tribunal no fue muy bien recibida por los agentes del orden y por el mismo gobernador de la localidad, el derechista Claudio Castro, quien desde el 2022, cuando se empezó a discutir la iniciativa, quiso hacerle el quite con el argumento de que este tipo de artefactos ponen en riesgo las operaciones de inteligencia militar y policial.
Contrario a su voluntad, pero como medida para evitar el abuso policial que a diario se vive en las fabelas de Río de Janeiro (Brasil), por parte de las tropas élite encargadas de combatir el narcotráfico, los agentes de la Policía Militar deberán empezar a usar cámaras en sus uniformes y como equipamiento en sus operativos de rutina.
La decisión de dotar a la Tropa Élite (la misma que inspiró la película Tropa Élite en 2007) fue ordenada por el Tribunal Supremo de Brasil para rebajar los índices de agresiones y letalidad de estos agentes (una de las mayores de América Latina), y que según relatan habitantes de las favelas a medios locales “primero disparan y después preguntan por el muerto”.
La orden del tribunal no fue muy bien recibida por los agentes del orden y por el mismo gobernador de la localidad, el derechista Claudio Castro, quien desde el 2022, cuando se empezó a discutir la iniciativa, quiso hacerle el quite con el argumento de que este tipo de artefactos ponen en riesgo las operaciones de inteligencia militar y policial.
En la sentencia, el alto tribunal esbozó que un alto número de las muertes que se presentan en la ciudad Río de Janeiro y los barrios periféricos son causadas por la Policía, y un estudio de la Universidad Fluminense difundido el pasado mes de mayo muestra que una de cada tres muertes violentas ocurridas en estas barriadas en los últimos cuatro años han sido perpetradas por los policías y otros agentes de seguridad estatales.
Reseña esta investigación académica que en ese lapso, incluido el tiempo de confinamiento por la pandemia, se cometieron 5.958 asesinatos, de los cuales 2.043 fueron durante operativos policiales con resultados dudosos de objetivos llamados legítimos por las fuerzas de Brasil.
A estos datos se suman los recopilados por el Grupo de Estudios de las Nuevas Ilegalidades. Este concluyó que “si antes la mayoría de las masacres eran perpetradas por grupos de exterminio, formados en su mayoría por policías en activo o en la reserva, pero fuera de servicio, hoy las masacres son cometidas principalmente por policías de servicio en operaciones avaladas por sus superiores jerárquicos”, y lo más grave, añade el grupo académico, es que reina la impunidad entre los agentes sospechosos de cometer estos crímenes.
Práctica en crecimiento
El uso de las cámaras en los uniformes policiales es una práctica que se ha extendido a otras ciudades de Brasil (y hasta en Medellín se ha usado con el mismo fin) con el único objetivo de frenar los abusos y la letalidad policial.
Según los gobernantes, el uso de las cámaras no es una “receta mágica” ni la panácea para disminuir estas prácticas o el delito en sí mismo, pero ha ayudado a rebajar los abusos de las fuerzas estatales.
El compromiso es que deben implementarlas paulatinamente desde este mes de junio y hasta diciembre, además de capacitar a los agentes en derechos humanos y uso de otras armas de baja letalidad.
En la sentencia, el alto tribunal esbozó que un alto número de las muertes que se presentan en la ciudad Río de Janeiro y los barrios periféricos son causadas por la Policía, y un estudio de la Universidad Fluminense difundido el pasado mes de mayo muestra que una de cada tres muertes violentas ocurridas en estas barriadas en los últimos cuatro años han sido perpetradas por los policías y otros agentes de seguridad estatales.
Reseña esta investigación académica que en ese lapso, incluido el tiempo de confinamiento por la pandemia, se cometieron 5.958 asesinatos, de los cuales 2.043 fueron durante operativos policiales con resultados dudosos de objetivos llamados legítimos por las fuerzas de Brasil.
A estos datos se suman los recopilados por el Grupo de Estudios de las Nuevas Ilegalidades. Este concluyó que “si antes la mayoría de las masacres eran perpetradas por grupos de exterminio, formados en su mayoría por policías en activo o en la reserva, pero fuera de servicio, hoy las masacres son cometidas principalmente por policías de servicio en operaciones avaladas por sus superiores jerárquicos”, y lo más grave, añade el grupo académico, es que reina la impunidad entre los agentes sospechosos de cometer estos crímenes.
Práctica en crecimiento
El uso de las cámaras en los uniformes policiales es una práctica que se ha extendido a otras ciudades de Brasil (y hasta en Medellín se ha usado con el mismo fin) con el único objetivo de frenar los abusos y la letalidad policial.
Según los gobernantes, el uso de las cámaras no es una “receta mágica” ni la panácea para disminuir estas prácticas o el delito en sí mismo, pero ha ayudado a rebajar los abusos de las fuerzas estatales.
El compromiso es que deben implementarlas paulatinamente desde este mes de junio y hasta diciembre, además de capacitar a los agentes en derechos humanos y uso de otras armas de baja letalidad.
