La “guerra” contra las pandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele redujo a mínimos históricos los asesinatos en el que fue uno de los países sin conflicto bélico más violentos del mundo, pero entre 75.000 detenidos, hay unos 7.000 liberados... inocentes.
Amnistía Internacional y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) denuncian “detenciones arbitrarias” bajo la acusación de pertenecer a “agrupaciones ilícitas” (pandillas), “atropellos”, “torturas” y “muertes” en prisión, bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La ofensiva de Bukele, quien se autoproclamó reelecto en las elecciones del domingo pasado, tiene su lado oscuro. Sandra Hernández, residente en El Rosario, a 50 k.m. de San Salvador, cuenta que a su esposo José Medrano lo detuvo la policía el 26 de mayo de 2022 y no volvió nunca. “Lo acusaron de agrupaciones ilícitas. No tenía tatuajes, era jornalero”, aseguró esta mujer de 36 años. Estando preso enfermó de insuficiencia renal. La última vez que lo vio fue en una videollamada que alguien hizo a escondidas, cuando lo llevaron al hospital para una hemodiálisis. El 26 de marzo de 2023 le anunciaron que había muerto. “En la funeraria me dijeron que el cuerpo tenía golpes. Sospechamos que no murió de insuficiencia renal”, afirmó.
“Se están llevando a gente trabajadora, humilde; está muriendo gente inocente, no los pandilleros”, lamentó. Maricela Méndez estaba dormida cuando el 19 de julio de 2022 la policía la sacó de su vivienda en Alta Vista, noreste de San Salvador. Sus niños, entonces de 11 y 7 años, quedaron con la abuela.
“Me acusaron de delincuente, el policía tenía una cuota de hacer cinco capturas”, afirmó. Su pareja la abandonó cuando la encarcelaron. Un mes después de estar en prisión, se confirmó que había llegado embarazada.
Estuvo en tres prisiones. “Dormía en el suelo, comía tortillas y tomaba agua con azúcar para saciar el hambre”, relató. Tras gestiones legales, obtuvo libertad condicional.
“Fueron cinco meses pero fue un trauma por todo lo que me tocó vivir embarazada. Tuve amenaza de aborto”, cuenta mientras mira a su bebé de 11 meses, a quien parió dos meses después de su excarcelación.
Méndez, de 35 años, mantiene a sus hijos trabajando en un salón de belleza. “Mis niños tienen trauma, cuando ven policías lloran, temerosos de que me vuelvan a llevar. Ese temor lo siento yo”, confesó.
Con los ojos hinchados de no dormir bien, junto a la cuna donde duermen sus nietos de dos y tres años y medio, Josefina Bonilla enjuga las lágrimas: “No sé nada de ella”.
A su hija Stefany Santos, de 24 años, la arrestaron el 2 de junio de 2022. Bonilla sospecha que por problemas con familiares del padre de sus niños, pero la acusaron de agrupación ilícita.
“Es inocente. Se llevan a las personas y no investigan”, aseguró la mujer de 63 años, en su casa en Soyapango. La vida de Stefany ha sido difícil. Era agredida por su pareja, a quien según Bonilla mataron por una deuda. “Es asmática y tiene problemas psicológicos. Me preocupa que no tenga medicamentos”, afirmó, lamentando que en año y medio sólo ha podido llevar a prisión tres paquetes de alimentos y ropa. Con la política de Bukele “están pagando justos por pecadores”, resumió.
En el cuarto donde vive en Mejicanos, norte de San Salvador, Irma García, de 42 años, dice: “Lo tienen secuestrado. Desde que se lo llevaron no he podido verlo ni hablar con él. No sé si está vivo”.
Isaías Galicia iba a cumplir 18 años cuando lo detuvieron el 7 de junio de 2022 en el taller mecánico donde trabajaba. “Mi hijo no es pandillero, no tiene ningún tatuaje, no hacía daño a nadie”, asegura esta mujer de mirada triste, y dice que el origen del arresto fue una llamada anónima. Tras el arresto, a la familia, estigmatizada, la echaron de otra pensión donde vivía. “Vivo preocupada de que me avisen que lo mataron adentro. Tenían que haber detenido a los pandilleros. Pero han agarrado jóvenes (inocentes), les quitaron sus sueños, su futuro... como a mi hijo”.
El polémico escrutinio electoral
Aunque Bukele se proclamó vencedor de las elecciones el domingo, con apenas el 85% de los votos escrutados, una semana después el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) no había terminado el reconteo, lo que generó suspicacias. El presidente del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer, solicitó al TSE una “reunión pública para despejar todas las dudas, las fallas y las anomalías en el proceso electoral”.
“Con todas las irregularidades que han pasado, hay que valorar repetir la elección. Pasaron 48 horas en que no tuvimos noticias de cómo fueron custodiados los paquetes electorales”, escribió en su cuenta en X la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz.
