Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en que 25 personas fueron ejecutadas a sangre fría, sirvieron de base para la sentencia a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en 2009 contra el expresidente Alberto Fujimori (1990 - 2000), fallecido este miércoles a los 86 años.
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La histórica sentencia contra el expresidente peruano lo halló culpable, en 2009, de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, e incluyó dos casos de secuestro de opositores a su régimen. El 6 de diciembre de 2023, el expresidente recobró su libertad bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La primera de estas matanzas cometidas por un escuadrón del ejército, el paramilitar Grupo Colina, se perpetró en la noche del 3 de noviembre de 1991 en un antiguo vecindario del centro de Lima denominado Barrios Altos.
Ocho individuos armados con metralletas, con los rostros cubiertos con pasamontañas, irrumpieron en un solar donde los vecinos realizaban una fiesta, obligándolos a arrojarse al suelo. Luego, les dispararon ráfagas, utilizando silenciadores y, finalmente, uno de los atacantes remató con tiros de gracia a los moribundos.
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Quince personas murieron, entre ellos un niño de 8 años que huía en busca de su padre, según relataron supervivientes a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó los años de violencia política en Perú.
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Meses después, en la madrugada del 18 de julio de 1992, en la Universidad La Cantuta, nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados y llevados por el Grupo Colina a una zona abandonada al este de Lima, donde fueron ejecutados con disparos en la nuca.
Los cadáveres fueron enterrados clandestinamente en tres fosas, y luego desenterrados y llevados a otro lugar, donde finalmente fueron encontrados tras investigaciones de la prensa.
Luego se demostró que en ninguno de los casos las víctimas tuvieron vinculación con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, como suponían los servicios secretos.
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La Justicia condenó a Fujimori, así mismo, por los casos del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, detenidos en la noche del 5 de abril de 1992 (cuando Fujimori disolvió el Congreso) y llevados al cuartel general del Ejército donde se encontraba el Servicio de Inteligencia del Estado. Tanto Gorriti como Dyer fueron liberados días después.
