Ceuta es una ciudad española que se encuentra en el noroccidente de África, en lo que se conoce como la península Tingitana, que forma el estrecho de Gibraltar en las aguas del mar Mediterráneo. Esta semana ha sido el tema de conversación de los medios de comunicación europeos por el alto flujo migratorio que presentó desde Marruecos, su vecino, que relajó los controles fronterizos. Al parecer, se trató de una represalia contra el gobierno español por prestarle sus servicios de salud a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, un movimiento separatista que no es de los afectos de los marroquíes.
Al menos 8.000 migrantes ingresaron a territorio español de forma irregular en un par de días, en una situación sin precedentes, que generó una crisis diplomática entre España y Marruecos. Una de las aristas más graves de esta problemática fue la gran cantidad de niños y niñas que llegaron y que fueron recibidos por las autoridades españolas. Muchos de ellos entraron sin el acompañamiento de sus familias.
Según los reportes que entregaron las autoridades, alr-ededor de 850 menores de edad seguían en Ceuta para el pasado 20 de mayo. Los recién llegados se sumaron a otros 230 pequeños que ya se encontraban en la ciudad. Las imágenes de niños y niñas delgados, con ropa raída y los ojos llorosos atiborraron la prensa. Muchos de ellos fueron captados junto a soldados españoles, que a su vez se ven como anfitriones poco amigables, debido a la apariencia fría y hosca de sus uniformes.
Para 2021, datos compartidos por Save The Children España señalan que uno de cada cinco niños y niñas migrantes en ese país está de forma irregular (no cuenta con documentos), lo que equivale a unos 147.000 pequeños.
“La posibilidad de haber cruzado una frontera o residir en un país sin la autorización pertinente establece una realidad en la que una parte de la sociedad se sitúa un escalón por debajo del resto en lo que respecta al reconocimiento de sus derechos”, señaló Andrés Conde, director de Save the Children, en un comunicado de prensa.
Recientemente, esa organización también apoyó la Ley Orgánica de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España. Esta norma derogó un procedimiento que les permitía a las autoridades migratorias desnudar y tocar a los menores de edad extranjeros, que llegan sin acompañamiento, con el fin de conocer su sexo.
Las dificultades para atender a niños y niñas migrantes y los enfoques cuestionables de parte de países desarrollados no son, sin embargo, un problema único de Europa.
En EE. UU., por ejemplo, también se han desatado momentos de crisis debido a la gran cantidad de menores provenientes de Latinoamérica que llegan desde la frontera con México y que están sometidos a diversos peligros en ese tránsito.
El mes pasado se conoció el caso de un niño nicaragüense de diez años que se encontraba perdido y deambulando cerca a la ciudad de La Grulla, en el estado de Texas. Llorando, desconsolado, el pequeño se acercó a una patrulla de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés). “¿Me puede ayudar?”, preguntó el niño. “Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”, contó. El funcionario que lo encontró le preguntó si venía acompañado de su papá o su mamá, a lo que el pequeño contestó: “Nadie”.
Más tarde, las autoridades señalaron en un comunicado que el niño se quedó dormido y había sido abandonado por los migrantes con los cuales se movilizaba, que eran cerca de 180. Luego de ser encontrado, fue llevado a Donna, Texas y, según reportó EFE, los medios locales aseguraron que regresó con su familia.
Por desgracia, no todas las historias de menores migrantes terminan así, pues muchos de ellos simplemente no logran encontrar a sus familias de nuevo y deben afrontar precarias condiciones durante su estancia en EE. UU.
Una investigación publicada el pasado 11 de mayo por la Associated Press reveló que cerca de 21.000 niños migrantes están albergados en alrededor de 200 instalaciones estatales. Según la información de esa agencia, la Administración de Joe Biden utiliza una estrategia similar a la que imperó en tiempos de Trump: priorizar la construcción y el funcionamiento de esa infraestructura por encima de los esfuerzos que permitan dar con el paradero de las familias de los niños, niñas y adolescentes que allí se encuentran.
Adicionalmente, esa agencia de prensa reportó que el gobierno estadounidense ha tenido que defenderse de acusaciones penales de abuso, que habrían sido cometidas en años pasados y señaló que en algunos lugares se registran condiciones de hacinamiento.
Antes niños que migrantes
Gracy Pelacani es profesora asistente de la Universidad de los Andes y abogada en la Clínica Jurídica para el Migrante. Explicó que la situación de los menores en movilidad debe ser evaluada dependiendo de la compañía que tengan cuando llegan a un país. “Si el niño migra con miembros de su familia, se considera que está protegido en el sentido en que tiene un adulto que es parte de su núcleo, que está velando por sus derechos y que puede actuar ante las autoridades en su nombre”, señaló Pelacani.
En ocasiones, también puede suceder que los menores viajen acompañados por un adulto que no es parte de su familia. Allí, aseguró la experta, lo que hay que verificar es que no sea una situación relacionada con la trata de personas. No obstante, y en tanto se descarte esa posibilidad, advirtió que la presencia de ese mayor de edad lo hace responsable del cuidado de sus derechos.
Un escenario distinto es cuando los menores quedan solos en su proceso migratorio. Así se encontraba el nicaragüense de 10 años que deambulaba en busca de ayuda por un paraje desierto de Texas. Pelacani sostuvo que en estos casos los menores están más expuestos a que sus derechos sean vulnerados. En los pasos de frontera, e incluso después de cruzarlos, hay más riesgo de que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de desaparición, de reclutamiento por parte de grupos ilegales y hasta de distintos tipos de explotación.
También dijo que se trata de los niños más “invisibles”, porque tienen menos probabilidades de entrar en contacto con los organismos del Estado. “En primera medida, con una autoridad que sea capaz de reconocer que es un menor de edad, porque no siempre es tan evidente cuando se trata de adolescentes. Y en segunda medida, que conozca que antes de ser migrante, es un niño”, señaló la experta y enfatizó en que siempre la condición de niñez está por encima de la condición de persona en situación de movilidad.
Por su parte, Diana Pedraza, profesora de la Universidad Externado y posdoctora en Investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, manifestó que para entender el tratamiento que se les da a niños migrantes en distintos países, primero hay que verificar si están suscritos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que comenzó a aplicar a partir de 1990. Pedraza, en el mismo sentido que la profesora Pelacani, advirtió que los derechos de niños y niñas (que en el caso de la Convención son los menores de 18 años), son prevalentes por encima del resto de ciudadanos.
“Los países que han firmado la Convención están alineados con la filosofía de protección integral, lo cual significa que antes de que el niño sea vulnerado, el Estado debe protegerlo”, advirtió la experta, quien añadió que países como EE. UU. aún no han firmado ese tratado.
El papel de los Estados
La profesora Pelacani dijo que lo primero que se asume es que los países desarrollados tienen los recursos suficientes para atender a los menores que vienen con condiciones de vulnerabilidad desde otros lugares. Señaló que la parte económica no debería ser usada como una excusa para no atender a esta población. Aunque sí advirtió que en casos como el de Ceuta es posible que las autoridades se vean rebasadas por una gran cantidad de personas en muy poco tiempo.
Eso sí, sotuvo que los sistemas de protección de la niñez deben ser reforzados y que “hay que formar al personal y adecuar los mecanismos a las necesidades específicas del menor que está en situación de movilidad humana”.
Por su parte, Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado, aseguró que los procesos de adaptación de los menores de edad deben ser de doble vía. “Es decir, que el sistema debe encontrar mecanismos para que niños y niñas puedan seguir disfrutando y practicando sus códigos culturales y, que al mismo tiempo, los menores vayan descifrando los elementos nuevos que son llamativos para ellos y que quisieran adaptar”, aseguró.
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mil migrantes menores de edad se encuentran en refugios en EE. UU.
