En la actualidad, la Unión Europea enfrenta desafíos en su cohesión debido a las decisiones unilaterales de varios de sus miembros en torno a la seguridad fronteriza. Un camionero europeo expresó su frustración a la BBC: “Cada país está haciendo lo que quiere”.
Esta frase refleja no solo el sentir de los transportistas, sino también el de políticos que observan cómo las naciones del bloque actúan de forma independiente frente a la gestión de fronteras.
Alemania, por ejemplo, decidió reforzar el control en sus 4.000 kilómetros de fronteras terrestres. Desde este mes y durante seis meses, quienes intenten ingresar al país por carretera enfrentarán inspecciones policiales, tanto fijas como móviles. El gobierno de Olaf Scholz justifica esta medida por la necesidad de regular la migración irregular y combatir amenazas a la seguridad interna, como el terrorismo y el crimen transfronterizo.
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El aumento en las solicitudes de asilo en Alemania es significativo. De hecho, el número total en este país equivale a la suma de las solicitudes presentadas en Francia e Italia, otros dos miembros clave de la Unión Europea. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2015 Alemania recibió cerca de 890.000 refugiados provenientes de Siria, Irak y Afganistán, mientras que el conflicto en Ucrania incrementó aún más la llegada de migrantes. En marzo de 2024, 1.3 millones de ucranianos vivían en Alemania, muchos recibiendo subsidios de desempleo.
Este crecimiento migratorio impulsó el ascenso de partidos políticos de extrema derecha, como Alternativa para Alemania (AfD), y nuevas fuerzas de extrema izquierda. En regiones como Turingia y Sajonia, la inmigración fue un tema decisivo en las elecciones recientes.
En respuesta a la presión política, especialmente desde la derecha, Berlín intensificó los controles fronterizos, que desde 2015 ya se aplicaban en la frontera con Austria y más recientemente con Polonia, República Checa y Suiza. Esta medida también ha impactado a otros países vecinos, como Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca.
¿Cómo afecta esto el espacio Schengen?
Los expertos alertan sobre el riesgo que estas decisiones unilaterales suponen para el espacio Schengen, uno de los pilares de la integración europea que permite la libre circulación de personas y mercancías.
Desde su creación en 1985, este espacio incluye a 25 de los 27 países de la UE, además de Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Según las normas de Schengen, los países pueden reintroducir controles fronterizos en circunstancias excepcionales, pero estos deben ser temporales y durar un máximo de seis meses, salvo previa notificación.
Marie-José Garot, directora del Centro de Estudios Europeos de IE University, destacó a BBC que la libre circulación es uno de los derechos más valorados por los europeos. No obstante, señaló que los nuevos controles en Alemania afectan tanto a ciudadanos de la UE como a los provenientes de terceros países.
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Alemania no es la única nación que ha implementado medidas de control fronterizo. Austria, por ejemplo, reforzó la vigilancia con sus vecinos orientales y del sur, mientras que Dinamarca mantiene controles con Alemania desde 2016. Francia e Italia, por su parte, aprovecharon grandes eventos como los Juegos Olímpicos y la cumbre del G7 para justificar el aumento de la seguridad en sus fronteras. En tanto, Noruega limitó la entrada en puertos Schengen, citando la necesidad de proteger sus infraestructuras de petróleo y gas tras el sabotaje del gasoducto Nord Stream.
Si bien algunos políticos europeos sugieren que la lucha contra la inmigración ilegal puede abordarse con medidas menos drásticas, las consecuencias para el comercio ya se están sintiendo. El transporte de mercancías, en particular, es uno de los sectores más afectados, con retrasos y obstáculos a la libre circulación.
Samuel Rico, CEO de la empresa de transporte TCR Group, criticó a BBC las diferencias en los requisitos entre países europeos, señalando que esto contradice el espíritu de unidad del bloque. “El espacio Schengen está en entredicho”, afirmó, sugiriendo que estos temas deben abordarse de manera colectiva.
A pesar de que la reintroducción de controles fronterizos internos supone una amenaza económica para la UE, la seguridad parece estar prevaleciendo sobre las preocupaciones económicas. Un informe de la Fundación Bertelsmann estimaba que el restablecimiento de los controles costaría a Europa unos 470.000 millones de euros en una década, y organizaciones como Evofenedex alertan de que las largas esperas en las fronteras podrían interrumpir las cadenas de suministro y afectar gravemente el comercio.
En resumen, mientras Europa busca una solución integral al desafío migratorio, los controles fronterizos reflejan un cambio político, donde la seguridad está superando la importancia de la cohesión económica del continente.
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