La dictadura de Nicolás Maduro no solo ha desconocido el poder democrático del pueblo venezolano. Ahora, con la firma del decreto para avanzar en una reforma constitucional, da inicio al que sería otro capítulo de injusticias en la historia reciente de Venezuela.
El pasado 10 de enero, Maduro asumió un tercer mandato sin presentar pruebas claras de su victoria electoral, afirmando que “buscará la paz para Venezuela”. Con su plan de mantenerse en el poder a como de lugar, Maduro dio luz verde a un proceso que podría transformar radicalmente la estructura política del país.
Bajo el pretexto de “mejorar y embellecer” la Constitución de 1999, considerada por el chavismo como “la mejor del mundo”, el régimen venezolano parece estar consolidando un modelo de control total que preocupa tanto a los ciudadanos como a la comunidad internacional.
Maduro justificó el decreto asegurando que la Asamblea Nacional, dominada por él y su gente, tiene la “autoridad política y moral” para liderar esta reforma sin necesidad de someterlo a escrutinio popular.
Aunque Maduro no ha proporcionado detalles específicos sobre las razones detrás de esta decisión ni sobre los cambios concretos que se planean, según expertos, es de esperarse que sea un modelo que le permita anclarse en el poder. Sin embargo, esta opacidad ha generado temor y especulación, sobre todo porque la Constitución de 1999 ya permite la reelección indefinida y otorga amplios poderes al Ejecutivo.
De acuerdo a los indicios ofrecidos por el oficialismo, el cambio estructural que podría convertir a Venezuela en un sistema similar al cubano. Entre los aspectos que más preocupan se encuentra la posibilidad de instaurar elecciones de segundo grado y la creación de un Consejo de Estado, lo que se asemeja con las prácticas de Cuba.
Con las elecciones de segundo grado, Maduro podría saltarse cualquier tipo de elección popular afirmando que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria. De esta forma, el sueño chavista del Estado comunal estaría más cerca de hacerse realidad.
El modelo cubano, por ejemplo, prioriza un Consejo de Estado como órgano supremo del poder y elecciones indirectas controladas por el partido único, parece ser el referente de Maduro.
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Este diseño, de ser el que tome para Venezuela, no solo debilita la representación democrática, sino que convierte al sistema electoral en un trámite intrascendente, donde los ciudadanos pierden su derecho democrático.
Esta reforma constitucional se presenta como un paso más en el camino hacia la consolidación definitiva de la dictadura de Nicolás Maduro y el régimen chavista. Con un Estado que ya ejerce control absoluto sobre la política, la economía y la sociedad, esta modificación podría terminar de socavar cualquier vestigio de democracia que hubiera en Venezuela.
La juramentación de Maduro, sin pruebas de su victoria electoral, ya fue una muestra de este control total, y la reforma parece estar diseñada para hacerlo permanente.
La posibilidad de cambiar las reglas del juego electoral para que sean irrelevantes no es solo una estrategia de supervivencia política, sino un intento de asegurar que el chavismo permanezca en el poder sin necesidad de recurrir a la legitimidad del voto. Esto dejaría a la oposición y a los ciudadanos sin herramientas efectivas para desafiar el sistema.
La iniciativa de Maduro no solo tiene implicaciones para Venezuela, sino también para la estabilidad de la región. Países vecinos y organismos internacionales observan con preocupación cómo el régimen avanza hacia un modelo aún más autoritario. Y desataría una nueva etapa de aislamiento para Venezuela que profundizaría su crisis interna.
