El interesante e ingenioso guión de la serie House of Cards podría quedarse corto si lo comparásemos con la actual y surreal situación que vive la política brasileña. Si al sucesor de Beau Willimon le faltan ideas para la quinta temporada, tan solo hace falta que se inspire con lo que nos trae a diario la prensa brasileña. De hecho, la cuenta oficial de twitter de la serie publicó: “Viendo la cobertura de las noticias en Brasil”.
El thriller político que vive el gigante sudamericano ha paralizado de pleno el país y ha dividido su población más que nunca. Hace dos semanas, la mandataria Dilma Rousseff invitaba al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a formar parte del gobierno como su mano derecha. Este anuncio desató en las principales capitales una ola de protestas encabezada, principalmente, por la clase media y alta, y seguidores del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el de la oposición.
“Cuento con la experiencia del expresidente Lula, cuento con la identidad que tiene con el pueblo”, sostuvo Rousseff durante la ceremonia de toma de posesión como jefe de gabinete. Aunque no pasó ni una hora para que un juez federal suspendiera el nombramiento y argumentara que hay indicios de crimen de responsabilidad, ya que Lula es investigado por corrupción.
El gobierno recurrió a la medida del juez Itagiba Catta Preta Neto, polémico por haber participado en protestas contra el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
La reentrada de Lula en el poder es delicada, ya que investigaciones indican que se habría beneficiado de la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobrás, la mayor de la historia democrática en Brasil. Se le acusa de haber recibido un tríplex de lujo en el litoral paulista y aceptar pagos y donaciones por conferencias valoradas en 8 millones de dólares. La semana pasada la Fiscalía de São Paulo pidió prisión preventiva.
De hecho, el senador Delício Amaral señaló en la revista Veja que la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, conocían las irregularidades en el seno de la petrolera e intentaron bloquear las investigaciones de los fiscales.
Sin embargo, Lula no es el único político acusado de estar implicado en la trama conocida como Lava-Jato. El presidente del Congreso, Eduardo Cunha, el mismo que impulsa la destitución de Dilma Rousseff, es acusado de haber aceptado 5 millones de dólares en sobornos relacionados con la construcción de dos navíos de perforación de la petrolera estatal.
Polémico nombramiento
Rousseff presentó la investidura de Lula como un refuerzo clave para su administración, en medio de un naufragio político y económico que amenaza su propio mandato. La aprobación del gobierno es del 11 por ciento, uno de los peores resultados de las dos legislaturas, y la popularidad de Dilma sigue en caída libre. Además, enfrenta denuncias ante el tribunal electoral por realizar la campaña con fondos ilícitos. Incorporar a Lula en el ejecutivo, según Sonia Fleury, analista política de la Fundación Getulio Vargas, fortalecería la economía y sería una reaproximación a las bases tradicionales del PT. “Es un político carismático y extremamente hábil que puede, desde el punto de vista político, buscar una articulación en el Congreso, que ayudaría a evitar el impeachment de la presidenta”, comenta a El Colombiano.
En cambio, Ricardo Ismael, politólogo de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro, cree que su entrada en el gobierno no hará superar la crisis económica. “Las personas pagan muchos impuestos en Brasil y ven que su dinero está siendo desviado (...). Las ideas de Lula y el PT ahora mismo no son adecuadas, quieren gastar más, llevar a cabo medidas populistas y eso va hundir más la economía, porque el problema es que no hay apoyo inversionista, la gente ha dejado de creer”, expone.
Nelson Barbosa, ministro de Hacienda, dijo que hay previsiones de que este sea el segundo año consecutivo de recesión en Brasil, algo que no sucedía desde los años 30, con el ‘crash’, cuando la economía mundial entró en una gran depresión.
Otra ala de críticos defiende la idea de que Rousseff estratégicamente intenta evitar el arresto de Lula, que como ministro tendría un fuero privilegiado. De hecho, otro juez, Sergio Moro, el encargado de investigar el caso “Lava Jato”, interceptó y divulgó una conversación en que la presidenta le dice a Lula que le enviaba, a través de un mensajero, un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use “en caso de necesidad”. Esta frase se interpretó como un blindaje político frente a la determinación de la justicia de detenerlo.
El poder jurídico
La decisión del juez federal Sergio Moro de divulgar a la prensa las escuchas telefónicas entre Lula y Dilma ha hecho que el colectivo de juristas y abogados de Brasil se encuentre dividido.
Según Fleury, “después de liberar la conversación de una manera ilegal, todavía han puesto más leña a la hoguera. El juez está haciendo política, tomando medidas no ligadas al proceso judicial. La gran incógnita de Brasil es quién es este juez y por qué está actuando de forma parcial y politizada”, argumenta.
En la editorial del rotativo Folha de São Paulo, Wadih Damous, expresidente de la Orden de Abogados de Brasil en Rio de Janeiro, tildaba de insensata la acción de Sergio Moro. “La manera de llevar a cabo la investigación, de forma mediática y espectacular, representa ataques constantes a estas conquistas históricas”, escribía.
Una opinión contraria a la de Ricardo Ismael, que explica que la fiscalía se ha convertido en la última esperanza del gobierno para combatir la corrupción. “Si no son los jueces ni el poder judicial, ¿quién va a llevar a cabo esta investigación? El PT utiliza en su discurso que está habiendo un intento de golpe de Estado. A mi parecer hay una normalidad jurídica y constitucional”, recalca.
Moro no es la única figura controvertida, también el juez Itagiba Catta Preta al compartir en facebook su experiencia de acudir a manifestaciones contra el gobierno del PT, aunque Catta Preta considera que eso no le impide tomar una decisión imparcial sobre Lula. En internet la opinión de los ciudadanos está igual de polarizada que en la política. Algunos lo acusan de ser un “opositor inmoral” y otros dicen que es un “héroe patriota”.
Dilma, en la cuerda floja
A pesar de haber perdido el rumbo del barco, de tener cada vez menos carisma y de no saber lidiar la situación político-económica, Dilma dejó claro que no renunciará a la presidencia. Sus peores enemigos ahora son los diputados que quieren acabar con ella a través de un proceso de impeachment, que le obligaría a entregar la banda presidencial antes del 2018.
La cámara de Diputados formó una comisión especial para analizar una solicitud de destitución de la presidenta. Una vez que dictamine, ella tendrá 10 sesiones plenarias para presentar su defensa.
Esta iniciativa viene de la mano de Eduardo Cunha, enemigo declarado, y miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado al gobierno. El mismo PMDB se dio 30 días para decidir si finalmente abandonan la coalición. Con casi dos millones y medio, el que más afiliados tiene en todo el país, fue el partido que permitió a Dilma gobernar, pues el PT tiene minoría tanto en la Cámara como en el Senado.
De hecho, hace unos meses para calmar las tensiones, Rousseff decidió hacer una reforma ministerial y darle más poder a su aliado con el Ministerio de Sanidad, por lo que PMDB pasó de tener 6 a 7 ministerios.
Pero esta renovación parece no ser suficiente para convencerlos de mantener la gobernabilidad del país .
A pesar de la creciente oposición en su país, tanto la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, como su mentor político, el ministro de la Presidencia, Lula da Silva, se apegan al poder y no renuncian.
US$5
millones habría recibido en sobornos presidente del Congreso de Brasil.
