La diana de la política anticorrupción del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está puesta sobre su antecesor Enrique Peña Nieto y el gabinete con el que gobernó entre 2012 y 2018. En medio de la lucha contra ese flagelo que abanderó el mandatario se dio la extradición desde España del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien fue el hombre de confianza del exmandatario.
Lozoya admitió haber recibido 10,5 millones de dólares de Odebrecht en sobornos, con lo que abrió la caja de pandora del megacaso de corrupción y tiene a los mexicanos hablando, incluso, de votar un referendo que permita que los expresidentes sean procesados por la justicia sin ningún tipo de fuero.
Pero las denuncias hechas por Lozoya desde la cárcel y que implican también al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, son solo la punta del iceberg de un entramado de procesos legales que cercan cada vez más a Peña Nieto y ponen en duda la transparencia de su gestión. La Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía de México trabajan en conjunto en tres investigaciones activas sobre el uso del presupuesto federal, asignado a seguridad nacional, durante su mandato.
Estas tienen que ver con la compra de un software de origen israelí para la institución, también con la vivienda conocida como la “Casa Blanca”, una lujosa mansión que adquirió la familia presidencial, además de cheques del presupuesto de seguridad nacional que se gestionaron en su mandato.
Según confirmaron las autoridades mexicanas al periódico El País (España), ya se han emitido 18 órdenes de captura contra exfuncionarios, entre ellos integrantes de la Policía Federal, por el delito de delincuencia organizada, tras haber recopilado pruebas del posible desvío de hasta 52.700 millones de pesos mexicanos (unos 3.000 millones de dólares) que constituían la partida presupuestal de dicho rubro. Parte del dinero se habría malversado en la compra de un sistema de inteligencia israelí por 140 millones de dólares.
Y ya hay un primer detenido. Se trata de Eleuterio Pérez Enríquez, quien coordinaba el departamento de Administración de Servicios de la Secretaría de Gobernación. Los demás funcionarios requeridos continúan prófugos, entre ellos, el jefe de la Policía de la Cdmx, Jesús Orta y la secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez.
