Una nueva legislación “antifascismo” se gesta en Venezuela. La presentación de la propuesta por parte de la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional y respaldada por el gobierno de Nicolás Maduro, se da de cara a las próximas elecciones presidenciales de Venezuela, donde Maduro busca reelegirse en el poder el próximo 28 de julio.
Su mayor opositora, la inhabilitada candidata presidencial Maria Corina Machado, ha lanzado múltiples mensajes al régimen de Maduro, al que ella considera torpedea su carrera a la casa Miraflores. Por ello esta ley está estrechamente relacionada con el contexto político que ahora se vive en el país vecino.
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La ley plantea medidas contundentes para combatir lo que se consideran “expresiones y acciones fascistas” en el país. Entre las disposiciones de la ley, se contempla la disolución de organizaciones políticas que promuevan el fascismo, así como inhabilitaciones y la impugnación de candidaturas que se consideren afines a esta ideología.
Además, se prohíbe la celebración de reuniones y manifestaciones públicas que promuevan el fascismo, y las autoridades tendrían el poder para tomar medidas en contra de estas acciones.
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Otro de los aspectos de la propuesta es la regulación de los medios de comunicación, que serán sancionados en caso de difundir mensajes que se consideren promotores del fascismo, incluyendo redes sociales.
Asimismo, la ley contempla sanciones penales para aquellos que la incumplan, con penas que van desde 8 a 12 años de prisión, así como la inhabilitación política durante el tiempo que dure la condena. Además, las personas infractoras pueden ser objeto de multas.
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“No podrán optar a los cargos de elección popular previstos en la Constitución y en la ley ni ejercer cargos públicos las personas que, en cualquier momento de la elección o el acceso al cargo público, hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares”, dice el proyecto de ley.
Esta medida ha generado preocupación especialmente entre la oposición, pues podría profundizar la represión a este sector político en el país, especialmente en el contexto electoral donde aún no se define el principal candidato opositor a Maduro.
Y es que en el artículo 4 de la ley, lo que se define como fascismo es una “postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial de origen étnico, social o nacional que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos”.
Incluso Machado alertó que corre el riesgo de ser detenida de manera “injustificada” en el contexto de esta ley. “Mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada”, advirtió Machado.
Cabe resaltar que Maduro ha calificado en varias ocasiones a Vente Venezuela (partido de Machado) como un “movimiento terrorista” y que tienen un supuesto plan para asesinarlo.
“Se me sigue impidiendo salir del país e incluso tomar vuelos dentro de Venezuela, mientras que muchas de las personas que me brindan apoyo en mis actos de campaña son objeto de retaliación”, manifestó la opositora. El proyecto fue aprobado en primera discusión y continua su evaluación en el Parlamento venezolano.
