El juez instructor del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de una exactriz porno debe decidir este martes si lo desestima, como pide la defensa o procede con la sentencia tras ser declarado culpable por un jurado popular.
El presidente electo fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate de 78 años siempre ha negado.
Antes de las elecciones, la defensa del magnate republicano ya había solicitado a juez Juan Merchan la anulación del proceso tras el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial por actos oficiales.
Ahora, tras su aplastante victoria en las elecciones del 5 de noviembre, la defensa del republicano ha vuelto a solicitar al juez la anulación de las acusaciones y la condena.
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“La suspensión y la desestimación son necesarias para evitar impedimentos inconstitucionales a la capacidad de gobernar del presidente Trump”, alegó la semana pasada en un escrito al juez su abogado Emile Bove, en alusión a la situación judicial inédita en que ha quedado el mandatario electo que asumirá su cargo el próximo 20 de enero.
Tras conceder, la semana pasada, unos días más a las partes para analizar los pasos a seguir tras el resultado electoral, Merchan debe anunciar este martes si da la razón a la defensa o, por el contrario, prosigue con su intención de anunciar, el próximo 26 de noviembre, la sentencia al primer expresidente estadounidense en sentarse en el banquillo.
Trump ha reiterado que sus problemas con la justicia son una “caza de brujas” con motivaciones políticas.
Sus abogados han hecho todo lo posible para anular el proceso de la justicia del estado de Nueva York y retrasar más allá de 2024 otros tres procesos penales relacionados con los supuestos intentos del republicano de anular los resultados de las elecciones de 2020 y la retención de documentos clasificados después de haber dejado la Casa Blanca.
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Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, ha pedido tiempo hasta el 2 de diciembre para poder “analizar esta circunstancia sin precedentes y determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”.
De momento, dos de los casos han quedado en suspenso: el intento de Trump de revertir los resultados de la elección de 2020 el 6 de enero de 2021 y el manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.
Solo quedan pendientes el de Nueva York y otro en Georgia por tratar de interferir en el resultado electoral en ese estado.
”El veredicto final de la democracia sobre estos procesamientos lo dieron los votantes el día de las elecciones”, escribió recientemente Thomas Goldstein, abogado especializado en la Corte Suprema en la web SCOTUSblog.
Más de 76 millones de personas votaron por el magnate pese a sus problemas con la justicia, que “ocuparon un lugar destacado en la campaña”, recordó.
El presidente electo pretende pasar página con lo que considera una “instrumentalización” del poder judicial en su contra, cuando llegue a la Casa Blanca.
Como secretario de Justicia y Fiscal General (equivalente al ministro de Justicia) ha designado al republicano Matt Gaetz, él mismo con problemas judiciales, que se anuncia como el nuevo justiciero.
Varios abogados que le defendieron en sus asuntos judiciales, como Todd Blanche y Emil Bove, han sido nombrados vicefiscal general, y vicefiscal general adjunto, respectivamente.
