Una apelación de la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Valencia, y el respaldo que el tribunal le dio, revivió ante la opinión pública uno de los casos más truculentos de los últimos años en España: la investigación contra una funeraria que traficaba y vendía cadáveres.
El caso se destapó en enero de 2024, con una operación de la Policía de ese país contra dos trabajadores de una funeraria en cuestión, que al parecer habían retirado un cadáver de la morgue de un hospital, valiéndose de la falsificación de órdenes y documentos.
Las pesquisas subsiguientes establecieron que estas personas hacían parte de una supuesta organización, que “falsificaba documentación para retirar los cuerpos de hospitales y residencias, para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver”, de acuerdo con el reporte oficial.
Los métodos que empleaban resultaron ser macabros. Cada vez que sacaban los difuntos de la morgue, no los llevaban al entierro, sino que los vendían a los claustros académicos, alegando que se trataba de NN sin ninguna clase de arraigo.
Una de las víctimas resultó ser un anciano que falleció en un asilo y que, según los documentos usados por la banda, firmó la donación de su cuerpo a la ciencia. El problema es que, de acuerdo con la evidencia recaudada por la Policía, el propio anciano “firmó” esta autorización cuando llevaba tres días de muerto.
“En este caso los investigadores pudieron constatar que el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además, dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo, para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo”, recalcó la Policía.
Entre los difuntos perfilados por la organización estaban los ciudadanos extranjeros y la gente más pobre de Valencia, que carecían de deudos que se encargaran de sus honras fúnebres, lo que facilitaba la engañosa disposición de sus despojos.
Las irregularidades también contemplaban estafas con los costos de las incineraciones.
“Al parecer, una vez las universidades hubieran finalizado los estudios con los cuerpos, tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria (...), que habría facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia. Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica”, reportó la Policía.
Frente a lo ocurrido, fueron capturados dos trabajadores y dos directivos de una funeraria, bajo cargos de estafa y falsedad documental, pero durante las audiencias posteriores un juez dejó en libertad a estos últimos, al considerar que eran ajenos al problema.
La apelación de la Fiscalía fue resuelta este martes por la Audiencia Provincial de Valencia, que ordenó vincular de nuevo a los directivos a la investigación.
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