La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se enfrenta a una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía peruana por su presunta implicación en delitos graves, incluyendo homicidio, relacionados con las protestas sociales ocurridas en su gobierno.
Junto a varios altos funcionarios del gobierno, Boluarte es acusada de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud bajo la modalidad de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, con dolo eventual y en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Los cargos están fundamentados en los eventos ocurridos durante las protestas que estallaron en nueve ciudades del país. Durante este periodo, se registraron 44 muertes (41 de ellas por proyectiles de arma de fuego y 3 por golpes con objetos contundentes) y 116 personas resultaron con lesiones graves y leves (78 por proyectiles de arma de fuego, 27 por golpes con objetos contundentes, 6 por bombas lacrimógenas y 5 por otros objetos), según la Fiscalía de Perú.
El comunicado emitido por el Ministerio Público de Perú detalla que, además de Boluarte, los denunciados incluyen a Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su calidad de presidentes del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda y Jorge Luis Chávez Cresta, como ministros de Defensa; y César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, como ministros del Interior.
Además de estas denuncias, la entidad informó el archivo de la acusación de genocidio contra la presidenta y los funcionarios. Actualmente, hay 303 investigaciones en curso que involucran a 824 personas por delitos relacionados con las protestas, como entorpecimiento de servicios públicos, atentado contra medios de transporte público, daños a la propiedad, homicidio, lesiones y violencia contra la autoridad.
La presidenta también es investigada por la fiscalía en el caso Rolexgate desde marzo por “cohecho pasivo impropio”, un delito que implica recibir beneficios indebidos por parte de funcionarios.
Asimismo, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en documentos.
En contexto: Crece escándalo en Perú por “Rolexgate”: ya han renunciado seis ministros por joyas de la presidenta Dina Boluarte
Para la fiscalía los hechos que fundamentan la denuncia se refieren “a tres relojes marca Rolex que la presidenta habría recibido en calidad de donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, (junto a) un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes”.
Boluarte solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la constitución.
Con información de AFP*
