Un grupo de 31 exmandatarios iberoamericanos ha elevado un llamado urgente a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se proceda con la captura y detención inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro, así como de Diosdado Cabello y otros miembros de la cúpula del régimen venezolano.
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La petición, presentada en un informe jurídico de seis páginas, se centra en acusaciones graves de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, en medio de la creciente preocupación internacional sobre la situación en Venezuela.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana, uno de los firmantes y ponente de documento, explicó que por primera vez un grupo tan amplio de exjefes de Estado se unía para exigir una acción concreta contra el régimen venezolano.
“Este es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas. Hoy, presentamos ante la CPI un documento que demuestra cómo Venezuela es un estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado, implicando directamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello”, afirmó Pastrana durante una rueda de prensa en La Haya.
Entre los firmantes del informe se encuentran los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe, Iván Duque y Pastrana; el argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa. Estos exmandatarios han subrayado que las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, tanto antes como después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, constituyen prácticas de terrorismo de Estado.
El informe presentado al fiscal Karim Khan detalla cómo Nicolás Maduro, en su rol de comandante en jefe y presidente, sería el máximo responsable de las políticas represivas del régimen venezolano.
Blas Jesús Imbroda, abogado penalista español, explicó que el régimen de Maduro se asemeja a las dictaduras del Cono Sur latinoamericano del pasado, ejerciendo un control absoluto sobre el poder estatal y los recursos económicos del país.
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La CPI abrió una investigación formal contra Venezuela en noviembre de 2021, a raíz de denuncias de varios países latinoamericanos y Canadá, que apuntaban a crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. La Fiscalía, según un comunicado publicado en agosto, sigue monitoreando activamente la situación en el país, recibiendo informes sobre violencia y otras violaciones a los derechos humanos tras las recientes elecciones.
El fiscal Karim Khan ha enfatizado la necesidad de respetar el estado de derecho y proteger a las personas frente a posibles crímenes bajo el Estatuto de Roma. Aunque la investigación está en curso, aún no se han formalizado cargos específicos contra altos funcionarios venezolanos.
El llamado de los 31 exmandatarios intensifica la presión internacional sobre el régimen de Maduro, instando a la CPI a actuar con firmeza. Pastrana, citando el Estatuto de Roma, destacó la urgencia de la intervención internacional: “Bien dice el Estatuto de Roma que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional no deben quedar impunes. Es imperativo que la CPI intervenga en el caso de Venezuela para abordar los graves delitos cometidos por el Estado militarista”.
Por su parte, el Grupo Idea, al cual pertenece el expresidente Iván Duque, apoya esta iniciativa y ha hecho un llamado urgente a la CPI para que, además de sancionar a los responsables, implemente mecanismos preventivos para frenar la creciente ola de violaciones de derechos humanos en Venezuela, que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.
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