El juez supremo de Perú, Juan Carlos Checkley, le impuso este jueves 18 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por rebelión desde la semana pasada cuando intentó un autogolpe de Estado cerrando el Congreso.
“Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (...) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024”, leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.
La decisión del juez, que declaró fundado un pedido de la Fiscalía, se sustenta en que existe “peligro de fuga” del imputado, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe.
En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo, Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria a Castillo.
Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una “medida de comparecencia con restricciones”.
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La semana pasada, cuando anunció la disolución del Congreso para impedir una moción de vacancia (destitución) en su contra, Castillo no encontró respaldo institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en flagrancia cuando intentaba llegar a la Embajada mexicana. Luego, fue acusado de rebelión y conspiración.
Desde la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, en Lima –donde permanece detenido–, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la Fiscalía por corrupción.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman “terroristas”.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
