Este sábado se cumple un año de la declaración unilateral de independencia de Cataluña y, cerca de este aniversario, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió un proceso de juicio oral contra 18 líderes de la Generalidad, entre los que se encuentran el exvicepresidente de ese gobierno, Oriol Junqueras, y exmiembros de la Mesa del Parlamento.
Este llamado ha generado inconformidades entre las personas de esta comunidad autónoma quienes están a favor de la separación del país. Por ejemplo, el historiador de la Universidad de Barcelona, Jordi Morrel aseguró a EL COLOMBIANO que la situación está “viciada” y “España está dispuesta a pagar el precio que sea por la unidad”.
Sin embargo, hay opiniones encontradas sobre este asunto. Manuel Lucena, integrante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, ve en los procesos que se han desarrollado en el país respecto a la independencia catalana “un funcionamiento del estado de derecho, un aumento del prestigio de la monarquía y una separación de poderes evidente”.
Un año de clara división
A pesar de los diversos puntos de vista sobre si se debe permitir la independencia de las comunidades autónomas de España, los analistas coinciden en que el país sigue dividido. Cuando 2,3 millones de catalanes votaron a favor de la separación, la iniciativa fue frenada por no estar contemplada en la ley. Al respecto, el analista político español Alfonso Vidal explica que “España es única e indivisible. Para que políticamente fuese posible la separación habría que cambiar la constitución y para esto se necesita un referendo de todos los españoles, no solo de las catalanes”.
Por este motivo, expertos como Néstor Julián Restrepo, profesor de la Universidad de Medellín, ven la necesidad de que empiecen reformas políticas y constitucionales. “Hay que llegar a una mesa de negociación. A Cataluña y a su gobierno hay que darle más libertades y garantías para que sigan en España”, comenta Restrepo.
Este nuevo capítulo sobre la independencia catalana acaba de abrirse. Las partes tienen un plazo de tres semanas para objetar o aclarar los términos de su defensa previo a la celebración del juicio. Si todo va bien, a finales de enero se iniciará el proceso oral, que puede tardar hasta ocho meses y luego el presidente del tribunal emitirá la sentencia en un plazo de hasta tres meses más, una decisión que está abierta a apelaciones.
