El gobierno de Estados Unidos negó haber incumplido una orden judicial que buscaba detener la deportación de cientos de venezolanos, quienes fueron enviados el fin de semana a El Salvador. La administración del presidente Donald Trump sostiene que eran miembros del Tren de Aragua.
Todo comenzó luego de que el republicano invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión el sábado. Ese mismo día el juez federal James Boasberg la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador.
La Casa Blanca sostuvo que la resolución del juez se emitió cuando los vuelos ya se encontraban fuera del territorio estadounidense, por lo que no aplicaba en ese momento.
Según aseguró el medio estadounidense Axios, la decisión del gobierno de desafiar la orden de un juez federal es “extremadamente rara y altamente controvertida”, después de informar que dos altos funcionarios, citados por el medio, explicaron que la administración consideró que el fallo no tenía validez porque los vuelos ya se encontraban sobre aguas internacionales.
Ante la acusación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el gobierno “no se negó a cumplir una orden judicial”.
“Esta, carente de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas de TdA ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense”, afirmó en un mensaje en X.
Leavitt agregó que “como ha dejado claro reiteradamente la Corte Suprema” los tribunales federales “generalmente carecen de jurisdicción” en asuntos de seguridad nacional y política exterior .
“Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de territorio estadounidense”, aseveró.
La Ley de enemigos extranjeros fue invocada por el presidente Trump en “tiempos de guerra”, según él, contra una “invasión” de migrantes.
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¿Se puede invocar contra migrantes?
Según un análisis del centro de reflexión Brennan Center for Justice, la ley “puede ser —y ha sido— utilizada contra inmigrantes que no han hecho nada malo, que no han mostrado signos de deslealtad y que están legalmente” en Estados Unidos.
“Es una autoridad excesivamente amplia que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz”, añade.
Se ha invocado tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
El presidente necesita una votación en el Congreso para invocarla en el caso de guerra declarada, pero no si se trata de una “invasión o incursión predatoria”.
Tiene la autoridad “para repeler este tipo de ataques repentinos”, lo que implica “discreción para decidir cuándo está en curso una invasión o incursión”, añade el centro.
Trump tomó como blanco para invocar la ley a la pandilla venezolana Tren de Aragua, calificada hace semanas como una organización terrorista global.
“A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales”, afirma la Casa Blanca.
El Tren de Aragua “lleva a cabo acciones hostiles y libra una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o de otro tipo, del régimen de (el presidente Nicolás) Maduro en Venezuela”, añade.
Para Trump “todos los ciudadanos venezolanos de 14 años de edad o más que sean miembros” del tren de Aragua, se encuentren en Estados Unidos, no estén naturalizados ni sean residentes permanentes legales pueden “ser “detenidos” y “removidos como Enemigos Extranjeros”, sostiene.
Los expertos dudan que la ley permita expulsar masivamente a los migrantes.
Aunque los tribunales acepten el argumento de la administración Trump de que” el Tren de Aragua “constituye una ‘invasión o incursión depredadora’ por parte de ‘una nación o gobierno extranjero’, el gobierno estadounidense tendrá que convencer a las cortes de que cada uno de los individuos “son miembros” de la organización, explica el experto judicial Steve Vladeck, en Just Security.
“Eso va a requerir una revisión judicial caso por caso y, como terminó sucediendo en los casos de Guantánamo, el gobierno va a perder muchos de esos casos”, predice.
“Todo esto explica por qué, tal como está redactada la proclamación, es difícil ver cómo la Ley de Enemigos Extranjeros pueda convertirse en “una herramienta significativa para expulsar a grandes cantidades de individuos de Estados Unidos”, concluye.
