Este martes se desarrolló una audiencia para definir si el expresidente de Bolivia sería cobijado con medida de aseguramiento. Lo anterior, en medio de la acusación por presunta trata.
Un juez postergó este martes la audiencia para resolver un pedido de detención preventiva contra Evo Morales por el caso de supuesta trata de una menor cuando ejercía el poder. Lo anterior, ante la ausencia del exmandatario por problemas de salud que alegó su defensa, según informó el Ministerio Público.
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La audiencia, que se llevó a cabo sin acceso a la prensa, se pospuso para el viernes, dijo a la AFP la fiscal Sandra Gutiérrez, quien lleva a cabo la investigación contra Morales.
“Se instaló la audiencia; sin embargo, no se pudo llevar adelante porque los abogados de la defensa (...) presentaron un certificado médico” que recomienda a Morales un “reposo absoluto de cinco días”, señaló la funcionaria.
El juez Nelson Rocabado le ordenó a la defensa que le remita el certificado en una plazo de 48 horas.
La Fiscalía, entretanto, anunció que pedirá que el mismo sea cotejado por la autoridad forense.
Según Gutiérrez, el reporte médico indica que Morales padece bronconeumonía y bradicardia “en estudio”.
Morales (2006-2019), de 65 años, es acusado por el Ministerio Público por el delito de trata de una menor, a raíz del presunto arreglo que habría tenido con los padres de una adolescente de 15 años.
Según la fiscalía, Morales y la menor sostuvieron una relación en 2015, de la que nació una hija un año después, y que los padres consintieron a cambio de beneficios.
Sobre el líder cocalero ya pesa una orden de aprehensión por no acudir a declarar ante la fiscalía durante la investigación. En diciembre fue imputado formalmente.
El lunes, la defensa del líder aimara adelantó que no se presentaría a la audiencia de prisión preventiva debido a que no había sido debidamente notificado, lo que fue rechazado por el Ministerio Público.
Si el juez determina que la ausencia de Morales fue injustificada, puede ordenar su aprehensión y prohibirle que salga del país y dictar un embargo preventivo de sus bienes.
Aunque Morales ha desestimado previamente la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” (que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años), la fiscalía se concentra ahora en la presunta trata.
El exgobernante dice ser víctima de una “lawfare” (guerra jurídica) dirigida por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, para “proscribirlo” políticamente.
Arce y Morales se disputan la candidatura de la izquierda para las elecciones de agosto próximo, pese a que el líder cocalero fue inhabilitado por la justicia para repostularse.
