Recién este fin de semana, con Gustavo Petro de visita, la democracia en Guatemala quedó en jaque luego de que el Congreso –en una ‘jugadita’–, intentara sabotear la posesión de Bernardo Arévalo. La semana pasada, Ecuador fue testigo de hechos de violencia urbana inéditos, similares a los que se viven en Colombia o México años atrás. Inclusive, a nivel local, durante este gobierno el país ha visto los cada vez más feroces choques entre el presidente y otras ramas del poder, por no hablar de las afugias de la paz total.
Si se analizan las realidades políticas, económicas y sociales de otros países, como Venezuela, Argentina o El Salvador –por nombrar algunos–, el panorama no luce alentador para América Latina y el Caribe de cara a este 2024, cuando la región vivirá varias elecciones, entrecruzadas por violencia, presiones, amenazas contra la democracia, apuros económicos y carencias sociales.
Esa es la conclusión que se desprende al revisar el índice de Riego Político para América Latina de 2024, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (CEIUC), que prende las alertas por fenómenos como el crimen organizado, la corrupción, la desafección democrática y la gobernabilidad bajo presión.
Uno de los dictámenes más demoledores del informe da cuenta de “una región que está experimentando un profundo cambio político con bajo crecimiento económico, y con desafíos sociales estructurales pendientes del siglo XX (pobreza, desigualdad, informalidad). Todo ello, en un contexto global de creciente conflictividad e incertidumbre, y mercados que no terminan de recuperarse del covid y la crisis económica”. (Ver infografía al final)
En esa línea, al consultar la opinión, advertencias y llamados de 1.154 personas –entre expresidentes, autoridades regionales, líderes de opinión, académicos y público en general–, el Índice concluye que serán 10 las grandes preocupaciones de América Latina en 2024 con miras a garantizar bienestar y estabilidad.
Si bien el panorama es de crisis, el informe resalta oportunidades que podrían llevar a América Latina a asumir un liderazgo global gracias a ventajas competitivas como “la disponibilidad de minerales críticos y su mayor potencial para el desarrollo de energías renovables; la relocalización de las cadenas de suministros; la digitalización, el cambio climático y la tecnificación en la producción de materias primas”.
Inseguridad, crimen y narcotráfico
En América Latina y el Caribe la mitad de los homicidios son causados por el crimen organizado, un aparato con tentáculos en el narcotráfico y causante de inseguridad. Basta con evidenciar que –según la organización InSight Crime–, Colombia integró en 2022 el top cinco de los países con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes (26,1), solo superada por Venezuela (40,4), Honduras (35,8) y Belice (29,0).
Frente a la simbiosis entre narcotráfico y crimen organizado, se alerta por los niveles récord de producción de cocaína en Perú, Bolivia y Colombia, los cuales han tenido impacto en vecinos como Ecuador, donde los homicidios presentaron un aumento de 94,7% entre 2021 y 2022”.
En Colombia basta decir que, de acuerdo con cifras de Indepaz, 2023 cerró con 99 masacres que dejaron 300 víctimas, y que en apenas 15 días de 2024 ya se contabilizan cuatro con un saldo de 12 muertos. “El crimen organizado sigue creciendo donde el Estado es relativamente débil, los niveles de corrupción altos y predominan economías informales con altas tasas de desigualdad y pobreza. Por su parte, sistemas judiciales sin independencia e instituciones públicas con altos índices de corrupción contribuyen a una cada vez mayor percepción de inseguridad e impunidad”, asegura el CEIUC.
Aumento de la corrupción e impunidad
En materia de corrupción Colombia ocupa el puesto 91 entre 180 países evaluados por Transparencia Internacional. El país recibió una calificación de 39 puntos sobre 100, lo que da cuenta de un estancamiento, pues desde 2012 la calificación ha oscilado entre 36 y 39 puntos, “sin lograr cambios estadísticamente significativos”.
Recién en agosto, al evaluar el primer año del gobierno Petro, la organización concluía que “los avances son insuficientes y están bajo el riesgo de perder credibilidad por causa de los escándalos sobre presunta financiación irregular de campaña”. Aunque Uruguay, Chile y Costa Rica son los países mejor evaluados, persisten las alarmas por la situación de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala. Allí, según el informe, “élites corruptas y el crimen organizado se han tomado el sistema político”.
Democracia, populismo y autoritarismo
En 2024, señala el CEIUC, el mundo vivirá un “tsunami electoral” por cuenta de cerca de 80 procesos electorales en 70 países. Varios de ellos se encuentran en la región: a nivel presidencial, México, República Dominicana, Venezuela, Panamá y El Salvador. En otros países, como Brasil, Costa Rica o Chile, también habrá elecciones, pero para escoger a autoridades regionales.
En este contexto, la región podría experimentar un “creciente” desafecto a la democracia, sumado a avances del populismo y nuevas tendencias autoritarias. La conclusión es alarmante: América Latina presenta la mayor recesión democrática durante las dos últimas décadas.
Con base en un estudio de la revista The Economist, se evidencia que solo Uruguay, Costa Rica y Chile son “democracias plenas”, mientras que Colombia, Panamá, Argentina, Brasil y República Dominicana clasifican como democracias incompletas. Se cuentan además regímenes híbridos (Perú, Paraguay, Ecuador, México, Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala) y cuatro regímenes autoritarios (Haití, Cuba, Nicaragua, Venezuela).
En esa línea, hay una peligrosa tendencia que sigue creciendo: “Entre 2002 y 2023, el porcentaje de personas que estarían dispuestas a aceptar un régimen no democrático si les solucionan los problemas ha aumentado del 44 % al 54 %, lo que evidencia una mayor tolerancia hacia líderes populistas o autoritarios”.
En Colombia, por ejemplo, la población insatisfecha con la democracia es del 80 %. “Como consecuencia de esta frustración generalizada, están emergiendo candidatos PAP: personalistas, anti-elite y populistas”, dice la publicación, que ejemplifica el caso del presidente argentino Javier Milei.
Impopularidad y gobernabilidad bajo presión
En Colombia, según Invamer Poll, la desaprobación del presidente Gustavo Petro alcanza el 66 %: el porcentaje más alto de rechazo en poco menos de un año y medio de gobierno. Si bien hay políticas y dinámicas locales que explican esos bajos niveles, para el CEIUC es una situación repetitiva en la región.
Dos elementos estarían “conspirando” contra la gobernabilidad de los presidentes. Por un lado, las dificultades económicas, causadas, entre otras, por los efectos vigentes de la pandemia, los altos niveles de inflación global y las altas tasas de interés. “Esto ha dejado a los ejecutivos con escasos recursos para administrar y una constante presión de las calles ante el más mínimo error”.
Por otro lado, en materia política, las cada vez más diezmadas coaliciones de los gobiernos en sus congresos, así como la profunda crisis de representación –que afecta a partidos tradicionales–, lo que está causando “el traslado de las expectativas hacia nuevos liderazgos con escasa estructura y experiencia de gestión”.
El informe cita el caso de Petro, indicando que no solo sufre de una alta desaprobación, sino que ninguna de sus reformas ha prosperado.
Radicalización de protestas sociales
Tal como sucedió en Brasil a inicios de 2023 –donde seguidores de Jair Bolsonaro intentaron tomarse la Plaza de los Tres Poderes durante la posesión de Lula Da Silva–, así como las protestas en Perú tras el autogolpe de Estado fallido del expresidente Castillo o los disturbios en Panamá ante la explotación de una mina, el informe llama la atención por la radicalización de movilizaciones sociales.
“Las protestas en América Latina han tenido un denominador común: desconfianza en la clase política, altos niveles de malestar económico y democracias que no son capaces de procesar los problemas políticos y sociales”, concluye.
Desde 2019 –ante la crisis del covid– la región enfrenta protestas y movilizaciones cada vez más violentas, causadas también por bajos niveles de popularidad de los gobiernos y las dificultades económicas, que “han tornado a la sociedad latinoamericana de mal humor e impaciente frente a demandas ciudadanas incumplidas”.
Advirtiendo que el crecimiento del PIB en los países de Latinoamérica y el Caribe sería de entre el 1,9 % y 2,3 % en 2024, hay alerta por crisis económicas que podrían “acrecentar el malestar social y, eventualmente, nuevas protestas sociales”.
Los otros riesgos para la región
El CEIUC señala que en 2024 también América Latina podría vivir un aumento de los flujos migratorios, que ha ejercido “presión adicional sobre los servicios públicos” de varios países. Otro factor es la inestabilidad internacional, palpable en conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania, y entre Palestina e Israel.
Las consecuencias para la región serían una mayor inflación por las dificultades de las cadenas de suministro, hasta cambios en políticas por parte de Estados Unidos. Sumado al impacto de ciberamenazas e inteligencia artificial, hay alertas por la vulnerabilidad frente al cambio climático y el deterioro del clima de negocios.
