La situación en Venezuela llegó a su punto más crítico desde las elecciones del 28 de julio. Un fiscal solicitó una orden de captura en contra de Edmundo González, quien para organizaciones independientes y varios países es el presidente electo. Minutos después de la solicitud, un juez especializado en delitos de terrorismo y corrupción ordenó la captura del político, que se ha mantenido en un tono moderado, pero firme sobre su papel frente al Gobierno de Nicolás Maduro: no aceptó la derrota.
“Se hace saber al comisario general, división de búsqueda y captura de organizaciones criminales del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas que este tribunal por auto de esta misma fecha y de conformidad con lo establecido en el artículo 236 ordinales 1, 2 y 3, en relación con los artículos 236, ordinales 2, 3 y 238, ordinal 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, acordó la orden de aprehensión, solicitado por ese despacho en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia, titular de la cédula a quien se le sigue la causa por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, previsto y sancionado en el artículo 319, instigación a la desobediencia de leyes y en el artículo 283, conspiración”, dice el documento firmado por el juez Edward Briceño, quien puso su firma grande y resaltada para hacer ilegible su nombre como pretendiendo que no quedara clara su identidad.
Las consecuencias de una captura en contra de González podrían ser también impredecibles para Maduro. El político experto en relaciones diplomáticas de 74 años —que fue la fórmula de María Corina Machado luego de que el Tribunal Supremo de Justicia la inhabilitara— ha dado mensajes de tranquilidad, aunque sin renunciar a asumir como presidente del país. Así lo dijo el propio Departamento de Estado de Estados Unidos cuando concluyó hace algunas semanas que era claro que Maduro no había ganado, pues no presentó las tarjetas electorales probando su triunfo.
La historia del avión
El mismo día en que el futuro de Edmundo González quedó en entredicho, el Gobierno de la Unión Americana dio una prueba de que está listo para cambiar el tono de las acciones frente al régimen. Un avión de Maduro, aparcado en República Dominicana, fue confiscado por las autoridades de ese país y enviado inmediatamente a Florida. Según el fiscal, Merrick Garland, “el Departamento de Justicia confiscó un avión que alegamos fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos para que lo utilizaran Nicolás Maduro y sus secuaces”.
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La logística de la confiscación fue posible solo gracias a la colaboración del Gobierno del presidente Luis Abinader, quien rompió relaciones con el régimen de Maduro tras las elecciones. El avión estaba en la isla sin que se tuviera claridad de su rastro, pero las autoridades estadounidenses argumentaron la detención y el posterior envío a la Florida en una norma administrativa que fue establecida por el Gobierno de Donald Trump, en la que se prohibe a ciudadanos y empresas realizar negocios de ningún tipo con el régimen de Venezuela debido a las investigaciones penales contra Maduro, Diosdado Cabello —por quienes se ofrecen recompensas millonarias en dólares— y, en general, por las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.
Este movimiento denota una postura más dura del Gobierno Biden, que se había limitado a rechazar la proclamación de la supuesta victoria del chavista. Como lo reveló EL COLOMBIANO en su momento, en Colombia ocurre una situación muy similar con el manejo que la administración del presidente Gustavo Petro le dio a la empresa de fertilizantes Monómeros, que es filial de Pequiven y a su vez de PDVSA (ambas compañías controladas completamente por el régimen), pero que tenía un levantamiento a una sanción de la Oficina de Control de Bienes y Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro durante la administración de Juan Guaidó. La historia es compleja pero la confiscación del avión da luces sobre sanciones que podrían venir en camino.
Monómeros opera en Barranquilla y Cartagena y había regresado al control de Guaidó desde 2019, gracias a aciones del expresidente Iván Duque. Ese control momentáneo, también manchado de graves acusaciones de corrupción, hizo que el Departamento de Tesoro levantara la sanción de la OFAC, lo que le permitió a Monómeros volver a realizar negocios con bancos, terceros y otras compañías.
Pero con la clara prohibición de enviar dinero a empresas del régimen sancionadas por el Gobierno americano. Con la administración del presidente Petro, Monómeros realizó transacciones de egresos a una compañía listada en Hong Kong, llamada International Petrochemicals Corporation (IPCL). El representante de esa compañía en Hong Kong es Luis Enrique Molina Duque, quien a su vez es vicepresidente de PDVSA. Los egresos de Monómeros a esa empresa el año pasado fueron por 130.000 millones de pesos.
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Esto podría ser una razón para que el Departamento del Tesoro tome represalias de nuevo sobre Monómeros, tal como lo hizo con el avión de Maduro, comprado en operaciones ocultas en Estados Unidos.
Aunque el Gobierno publicó un comunicado reaccionando a la confiscación y señalando que se reserva el derecho a responder para defender sus intereses, también advirtieron que el avión no lo usaba Maduro. Hay numerosas evidencias de que el líder del régimen ha viajado en ese avión con su esposa Cilia Flórez. Lo hizo, por ejemplo, en un viaje a Palenque en México para una cumbre sobre migración, a la que fue invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2023. El avión que lo trasladó fue el mismo Dassault Falcon 900EX que ahora se encuentra en La Florida.
Polémica por orden de captura
Para Natassja Rojas, profesora de la Universidad Javeriana experta en los asuntos de Venezuela, una posible captura de Edmundo González significaría que la mediación que ha defendido el presidente Gustavo Petro junto a México y Brasil no funcionó.
“El régimen ha ido escalando la represión, esperando la reacción interna e internacional; ha pasado con las detenciones y las desapariciones, aumentó la represión y esperaba la respuesta, pero vieron que más allá de los pronunciamientos no pasaba nada. En caso de materializarse esta detención, esta sería una nueva escalada a la espera de la reacción interna e internacional. De darse esta detención me parece que ya es un mensaje más que claro de que no hay ningún tipo de negociación posible para una transición y mucho menos relacionada con la violación de Derecho Humanos, esto también termina de dejar en evidencia que el supuesto rol de mediadores de México, Colombia y Brasil no es real”.
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Justamente este sería otro momento difícil para la administración del presidente Petro que atraviesa días de controversia en Colombia por sus ataques a la prensa y a las mujeres periodistas en la posesión de la defensora del Pueblo desde Chocó.
Petro no ha reconocido a Edmundo González como presidente electo, tampoco ha denunciado las violaciones a los Derechos Humanos, la encarcelación de opositores políticos, o las muertes señaladas por Human Rights Watch en las protestas. Su argumento es que junto a Brasil y México ha tratado de liderar una negociación política que implique tanto a Maduro como al sector liderado por Machado, esto con el fin de evitar la violencia. Pero ni la violencia ha aparado ni Maduro entregó las actas de las elecciones. Por el contrario, un mes después del día de las votaciones, parecería que la posición de Colombia como líder de la intermediación oxigenó a Maduro para posicionarse mejor frente a los reclamos ciudadanos, la presión internacional y los cuestionamientos de las organizaciones multilaterales.
“Con esta orden de captura contra el presidente electo Edmundo González, Maduro evade una salida pacífica. El país decidió el pasado 28 de julio que quería un cambio en paz, pero el brazo armado de la dictadura ha querido doblegar por la fuerza a ese 67 % de venezolanos que ya decidió el cambio político. Hay más de 2.000 muertos tras las mazmorras que su único delito político es salir a reclamar una elección. Aunque liberaron a más de 80 menores de edad, hay cifras de 200 niños apresados en la dictadura. Si no se fijan posturas duras y concretas contra Maduro, seguirán creciendo las dictaduras de la región. La reacción del presidente Petro debe ser más contundente y no con pañitos de agua tibia”, argumentó Freider Gandica, un activista venezolano involucrado que aboga por los derechos de los migrantes.
Las otras dos situaciones que no terminan de aclararse están relacionadas con las denuncias de Machado sobre la detención de niños, niñas y adolescentes en las protestas —habría más de 100 en control de la dictadura— y han faltado explicaciones por el apagón del viernes pasado, con el que Caracas y otras regiones del país amanecieron sin luz y energía. Diosdado Cabello, a quien Maduro acaba de posesionar como ministro del Interior, y era antes presidente de la Asamblea de Diputados, negó las detenciones de los niños y niñas y empleó, como es su costumbre, un tono vehemente contra Machado y González. Ha pedido antes que haya justicia para ambos.
A fichas cercanas a Machado han tratado de detenerlas en los últimos días. Ocurrió con el líder Juan Pablo Guanipa, a quien han perseguido motorizados del régimen. El abogado de la líder opositora, Perkins Rocha, no tuvo la misma suerte, fue capturado y aún permanece en el temido Helicoide. Así ha sucedido con varios otros líderes políticos y ciudadanos. Si González llegara a ser capturado, las consecuencias para ambas partes serían impredecibles. Pero sí está claro que esto tendría un enorme costo político para Petro, quien hasta ahora parece más del lado de Maduro que de la defensa de la democracia en Venezuela.
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