El gobierno ecuatoriano insiste en la expulsión de 1.500 presos colombianos como medida para alivianar la crisis de seguridad que se vive en ese país. Este miércoles la cancillería ecuatoriana confirmó la radicación de una solicitud formal para que el Estado colombiano reciba a los reos.
“La solicitud está hecha por los 1.500. Entendemos que se necesita algo de tiempo para trasladar a todos, pero tenemos que empezar. La solicitud está hecha, no hemos tenido una respuesta formal por escrito de parte del gobierno de Colombia”, dijo la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld durante su visita al Foro Económico Mundial.
La intención del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, es descongestionar las cárceles y el poder judicial para, de ese modo, hacerle frente a la crisis de orden público que vive ese país por cuenta de las rencillas de los grupos narcotraficantes.
Es que las cárceles ecuatorianas han sido escenarios de secuestros, extorsiones y centros de operación de los distintos grupos criminales que operan en ese país. Solo entre 2021 y 2023 fueron asesinados 459 presos en los centros de detención ecuatorianos.
También desde Davos, el presidente Gustavo Petro respondió a la funcionaria ecuatoriana y le advirtió de las dificultades que tendría la deportación masiva de los presos colombianos.
“Ecuador es consiente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar las situaciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor del que ya existe”, señaló el presidente Petro.
En todo caso, esta no es la primera vez que el gobierno colombiano le responde a las autoridades del país vecino. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, había explicado que la deportación permitiría que los reos circulen con libertad en el territorio nacional, salvo a que tengan pendientes con la justicia colombiana.
“La repatriación de connacionales es un proceso individual -no masivo-, que responde a criterios objetivos -no a la simple voluntad de los Estados parte-, y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad de conformidad con solicitud presentada por escrito por parte del interesado o de su representante legal o, por el país de nacionalidad del sentenciado, previo consentimiento de la persona que va a ser trasladada”, había precisado el gobierno colombiano en un comunicado anterior.
