Solo pasó un día entre el fin de una crisis institucional en Estados Unidos y el inicio de otra. El presidente Donald Trump declaró ayer la emergencia nacional por la migración en la frontera sur.
Su objetivo, es obtener por esa vía los recursos para el muro con México sin consultarle al Congreso, donde ni promoviendo el cierre de gobierno más largo en la historia (54 días) logró que los demócratas incluyeran en los presupuestos oficiales un monto para ese proyecto.
De esta forma, el presidente republicano eleva la migración desde Centroamérica a la altura de epidemia o ataque terrorista –algunas de las razones por las que Barack Obama y George Bush, respectivamente, hicieron uso de facultades especiales– y abre un debate sobre un respeto a la división de poderes que parece dispuesto a desconocer.
¿Qué puede hacer?
Como explica Javier Garay, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado, la decisión de Trump es “legal, pero no legítima”. Efectivamente, la Ley de Emergencia Nacional de 1976 lo dota de los poderes para redirigir el destino de los recursos públicos en escenarios excepcionales.
En este caso, según informó el jefe de gabinete Mick Mulvaney, Trump dispondrá de 8.000 millones de dólares del presupuesto de defensa para la construcción de su promesa de campaña más sonada.
La discusión, como señala Emilio Viano, profesor de ciencias políticas de la Universidad Americana de Washington, es si puede considerar como motivante de una emergencia nacional un fenómeno en descenso. Según información oficial del sitio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU la cantidad de personas detenidas por la patrulla fronteriza disminuyó de 479.000 en 2014 a 396.000 en 2018.
La respuesta, para los demócratas y para parte de los republicanos es que no. Que esta vez Trump fue demasiado lejos. En un comunicado conjunto los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer que la declaración de emergencia “violenta gravemente” la Constitución y aseguraron que buscarán reversar la declaratoria de emergencia.
Cómo lograrlo, es el problema al que se enfrentan, pues requerirían de mayorías con las que no cuentan en el Congreso para detenerlo por la vía legislativa y, por el camino judicial, Trump ha logrado posicionar a dos de los 9 magistrados del Tribunal Supremo durante su mandato. Con esta coyuntura, Estados Unidos descubre nuevamente que su sistema está desprotegido ante un mandatario dispuesto a utilizar los poderes que no creyeron necesario limitar
8.000
millones de dólares irían para el muro, informó el jefe de gabinete
Mick Mulvaney.
