Jugando con el tiempo, Donald Trump consiguió aplazar la mayoría de los juicios penales hasta después de las elecciones presidenciales, y ahora que ha sido declarado vencedor en las elecciones del martes, confía en que no tendrá que sentarse en el banquillo.
Sin embargo, un último obstáculo judicial le aguarda el 26 de noviembre en Nueva York, antes de su regreso oficial a la Casa Blanca el 20 de enero: la condena en el único de sus cuatro procesos penales que sus abogados no han logrado retrasar más allá de 2024.
Declarado culpable el 30 de mayo por el tribunal del estado de Nueva York de “falsificación contable agravada para ocultar una conspiración para pervertir las elecciones de 2016”, en teoría podría enfrentarse a hasta cuatro años de cárcel.
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Este caso involucra el pago de 130.000 dólares, disfrazado como honorarios legales, a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para ocultar una relación sexual en 2006, que Trump niega.
Pero la posibilidad de que el juez Juan Merchan le imponga una pena de prisión parece ahora muy improbable, dadas las insuperables dificultades prácticas que supondría encarcelar a un presidente electo y luego en ejercicio, según los expertos.
En cuanto a los dos procesos federales que hay contra él, si bien el horizonte judicial de Trump se ha despejado espectacularmente este verano, ahora parece completamente despejado, al menos durante los cuatro años de su nuevo mandato.
A finales de octubre, el candidato republicano aseguró que, de ser elegido, iba a “despedir” al fiscal especial encargado de estos dos casos, Jack Smith, nombrado por el fiscal general de la actual administración demócrata, Merrick Garland.
“Le despediré en dos segundos”, dijo en una entrevista en respuesta a la pregunta de si se indultaría a sí mismo o haría despedir al fiscal especial.
El fiscal especial investiga los supuestos intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 y la retención de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.
En el primer caso, en Washington, el 1 de julio el Tribunal Supremo concedió al presidente electo de Estados Unidos una amplia presunción de inmunidad penal, lo que obligó a Jack Smith a presentar una acusación revisada a finales de agosto.
En un voluminoso documento, el fiscal especial desarrolló entonces sus argumentos para demostrar el carácter privado de los actos por los que se persigue a Trump, que no están, por tanto, en su opinión, amparados por la inmunidad penal que tienen sus “actos oficiales”.
En el segundo caso, en Florida (sureste), la jueza Aileen Cannon anuló el proceso el 15 de julio por considerar que el nombramiento del fiscal especial en este caso y la financiación de su trabajo violan los artículos de la Constitución sobre nombramientos y gastos.
Esta decisión está actualmente recurrida. En cuanto vuelva a la presidencia, Donald Trump podrá nombrar a un nuevo fiscal general que destituya a Jack Smith o simplemente ordenar al departamento de Justicia que retire los cargos.
Al hacerlo, podría invocar la política del departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Sin embargo, legalmente, esta política no debería aplicarse a los procesos penales que estén en curso antes de que asuma el cargo, ya que “se trata de una situación muy diferente”, afirma Claire Finkelstein, profesora de Derecho de la Universidad de Pensilvania (noreste).
Pero como será la interpretación la que prevalecerá bajo una administración Trump, en estos procesos federales, “tal y como están las cosas, solo podría ser juzgado después de que haya dejado el cargo”, añade.
Quedan los procesos en el estado clave del sudeste de Georgia, Donald Trump está procesado junto con otras 14 personas por delitos similares a los de su caso federal en Washington, en virtud de una ley estatal sobre delincuencia organizada.
En este caso, que se prolongará al menos hasta el año que viene, todo dependerá de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Estado, que ha recibido una petición de los acusados para que desestime la acusación del fiscal.
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